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George Soros / Foto: Archivo
La Open Society Foundations (OSF), la fundación del magnate estadounidense George Soros, llevó hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la legislación del Gobierno húngaro conocida como "Stop Soros", que según aduce criminaliza e impone tasas sobre las ONG "bajo el pretexto de controlar la migración".
La red internacional fundada por Soros, con sede en Nueva York, indicó en un comunicado que las medidas del Ejecutivo del nacionalista Viktor Orbán "quiebran la garantía de la libertad de expresión y de asociación consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y deben ser repelidas".
La fundación del multimillonario de origen húngaro retiró sus operaciones de ese país a mitad de mayo y las trasladó a Alemania ante las inminentes restricciones a los grupos civiles, que quedaron recogidas en una ley aprobada por el Parlamento húngaro en junio.
La legislación "Stop Soros" incluye una enmienda del código criminal nacional que ilegaliza que las personas o grupos civiles apoyen las solicitudes de asilo o residencia.
Fue ampliada en julio por el Parlamento, con una ley adicional que grava con un 25 % de impuestos la financiación de cualquier actividad u organización que promueva o retrate "positivamente" la migración, señala OSF.
La queja interpuesta por la organización argumenta que las provisiones legales están escritas de manera tan amplia que su efecto "espeluznante y de largo alcance" va más allá de la migración y alcanza el trabajo de la sociedad civil.
El presidente de OSF, Patrick Gaspard, denunció en la nota que el Gobierno conservador de Orbán "ha fabricado una narrativa de mentiras para cegar a la gente ante la verdad: que estas leyes se designaron para intimidar a los grupos independientes de la sociedad civil, en otro paso para silenciar cualquier disensión".
"Solo hay una cosa que parará esta legislación, y es la democracia", añadió.
Lleva el caso ante la Corte de Estrasburgo el brazo legal de OSF, Open Society Justice Initiative, cuya principal letrada, Daniela Ikawa, insistió en que la legislación expone "un amplio rango de actividades legítimas al riesgo de una persecución criminal".
Entre esas actividades, Ikawa citó la preparación y distribución de información, o la provisión de consejo legal sobre los derechos de los migrantes, que están protegidas por las leyes internacionales y europeas.
OSF se retiró de Hungría, cuya oficina regional llevaba más de 30 años en activo, a causa del "entorno hostil político y legal" que implicó una "campaña de odio durante dos años del Gobierno húngaro a las fundaciones y sus socios", cita el comunicado.
La Open Society Foundations (OSF), la fundación del magnate estadounidense George Soros, llevó hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la legislación del Gobierno húngaro conocida como "Stop Soros", que según aduce criminaliza e impone tasas sobre las ONG "bajo el pretexto de controlar la migración".
La red internacional fundada por Soros, con sede en Nueva York, indicó en un comunicado que las medidas del Ejecutivo del nacionalista Viktor Orbán "quiebran la garantía de la libertad de expresión y de asociación consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y deben ser repelidas".
La fundación del multimillonario de origen húngaro retiró sus operaciones de ese país a mitad de mayo y las trasladó a Alemania ante las inminentes restricciones a los grupos civiles, que quedaron recogidas en una ley aprobada por el Parlamento húngaro en junio.
La legislación "Stop Soros" incluye una enmienda del código criminal nacional que ilegaliza que las personas o grupos civiles apoyen las solicitudes de asilo o residencia.
Fue ampliada en julio por el Parlamento, con una ley adicional que grava con un 25 % de impuestos la financiación de cualquier actividad u organización que promueva o retrate "positivamente" la migración, señala OSF.
La queja interpuesta por la organización argumenta que las provisiones legales están escritas de manera tan amplia que su efecto "espeluznante y de largo alcance" va más allá de la migración y alcanza el trabajo de la sociedad civil.
El presidente de OSF, Patrick Gaspard, denunció en la nota que el Gobierno conservador de Orbán "ha fabricado una narrativa de mentiras para cegar a la gente ante la verdad: que estas leyes se designaron para intimidar a los grupos independientes de la sociedad civil, en otro paso para silenciar cualquier disensión".
"Solo hay una cosa que parará esta legislación, y es la democracia", añadió.
Lleva el caso ante la Corte de Estrasburgo el brazo legal de OSF, Open Society Justice Initiative, cuya principal letrada, Daniela Ikawa, insistió en que la legislación expone "un amplio rango de actividades legítimas al riesgo de una persecución criminal".
Entre esas actividades, Ikawa citó la preparación y distribución de información, o la provisión de consejo legal sobre los derechos de los migrantes, que están protegidas por las leyes internacionales y europeas.
OSF se retiró de Hungría, cuya oficina regional llevaba más de 30 años en activo, a causa del "entorno hostil político y legal" que implicó una "campaña de odio durante dos años del Gobierno húngaro a las fundaciones y sus socios", cita el comunicado.
