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Durante el Movimiento Estudiantil de 1968, "el Estado usó la represión, fue un crimen de Estado porque empleó francotiradores que dispararon para crear caos y terror. Fue un crimen de Estado que continuó más allá de las detenciones y la tortura", aseguró Jaime Rochín titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), al reconocer que se cometieron violaciones a los derechos humanos.
Jaime Rochín, titular de la dependencia informó que se determinó una reparación colectiva específicamente de memoria y reconocimiento de las víctimas del 68, precisó que de manera individual los afectados podrán iniciar un proceso de reparación de daños.
"La CEAV asume esta responsabilidad, reconoce a las víctimas del movimiento estudiantil y trabajará por su dignidad". El funcionario expresó también que las reparaciones colectivas tienen sentido porque el Estado asume su responsabilidad en los hechos del pasado, y se compromete a la no repetición en el futuro. "Una reparación trasciende a los grupos afectados para que el Estado aprenda de sus errores".
Agregó que las violaciones a los derechos humanos mientras se desarrollaba el movimiento "son inobjetables, el Estado usó la represión, fue un crimen de Estado porque empleó francotiradores que dispararon para crear caos y terror, fue un crimen de Estado que continuó más allá de las detenciones y la tortura".
La resolución de la CEAV consta de cuatro puntos. En primer lugar reconoce que las acciones del gobierno tuvieron impacto en el ámbito individual y colectivo que generó polarización en torno al movimiento estudiantil, el segundo punto corresponde a la implementación de acciones denominadas "Colección M68, ciudadanía en movimiento", que creará un acervo que permitan la reconstrucción de los hechos.
El tercer punto aborda la reparación simbólica que servirá de soporte a la memoria a través de la creación del "monumento a la ausencia", éste se construirá en el patio del Centro Cultural Universitario y consistirá en la impresión de 400 pares de huellas en el piso, lo que representará al número estimado de estudiantes asesinados, la inauguración de este monumento contará con la presencia de sobrevivientes.
Por último, la CEAV reconoció que en estos hechos ocurrieron violaciones a los derechos humanos sin quitarle la oportunidad a las víctimas de exigir una reparación del daño de manera individual.
"Es momento de que el Estado mire al pasado con honestidad para que pueda tener una mirada limpia al futuro, donde exista la verdad. Es momento de recordar para no repetir, no hay otra manera", concluyó el titular de la CEAV.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, celebró la resolución de la dependencia gubernamental porque reivindica a los estudiantes de 1968, a su movimiento y la transformación que generaron.
"Me parece clave de hablar de esta resolución no porque signifique política de Estado sino porque la emite una institución de Estado que acepta que hay una responsabilidad de éste, que 1968 antes y después del 2 de octubre no se trata de un grupo de militares que se volvieron locos y decidieron violar derechos humanos sino que respondían a una política institucional y por tanto es crimen de Estado".
Comentó que al no estar institucionalizada la "verdad" sobre los hechos de 1968 la determinación de la CEAV "puede ser un buen semillero en favor de los derechos humanos porque además pone al centro a las víctimas".
A parecer de Mario Patrón, esta resolución establece un marco de justicia transicional que puede construir una agenda con el nuevo gobierno.
Jaime Rochín, titular de la dependencia informó que se determinó una reparación colectiva específicamente de memoria y reconocimiento de las víctimas del 68, precisó que de manera individual los afectados podrán iniciar un proceso de reparación de daños.
"La CEAV asume esta responsabilidad, reconoce a las víctimas del movimiento estudiantil y trabajará por su dignidad". El funcionario expresó también que las reparaciones colectivas tienen sentido porque el Estado asume su responsabilidad en los hechos del pasado, y se compromete a la no repetición en el futuro. "Una reparación trasciende a los grupos afectados para que el Estado aprenda de sus errores".
Agregó que las violaciones a los derechos humanos mientras se desarrollaba el movimiento "son inobjetables, el Estado usó la represión, fue un crimen de Estado porque empleó francotiradores que dispararon para crear caos y terror, fue un crimen de Estado que continuó más allá de las detenciones y la tortura".
La resolución de la CEAV consta de cuatro puntos. En primer lugar reconoce que las acciones del gobierno tuvieron impacto en el ámbito individual y colectivo que generó polarización en torno al movimiento estudiantil, el segundo punto corresponde a la implementación de acciones denominadas "Colección M68, ciudadanía en movimiento", que creará un acervo que permitan la reconstrucción de los hechos.
El tercer punto aborda la reparación simbólica que servirá de soporte a la memoria a través de la creación del "monumento a la ausencia", éste se construirá en el patio del Centro Cultural Universitario y consistirá en la impresión de 400 pares de huellas en el piso, lo que representará al número estimado de estudiantes asesinados, la inauguración de este monumento contará con la presencia de sobrevivientes.
Por último, la CEAV reconoció que en estos hechos ocurrieron violaciones a los derechos humanos sin quitarle la oportunidad a las víctimas de exigir una reparación del daño de manera individual.
"Es momento de que el Estado mire al pasado con honestidad para que pueda tener una mirada limpia al futuro, donde exista la verdad. Es momento de recordar para no repetir, no hay otra manera", concluyó el titular de la CEAV.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, celebró la resolución de la dependencia gubernamental porque reivindica a los estudiantes de 1968, a su movimiento y la transformación que generaron.
"Me parece clave de hablar de esta resolución no porque signifique política de Estado sino porque la emite una institución de Estado que acepta que hay una responsabilidad de éste, que 1968 antes y después del 2 de octubre no se trata de un grupo de militares que se volvieron locos y decidieron violar derechos humanos sino que respondían a una política institucional y por tanto es crimen de Estado".
Comentó que al no estar institucionalizada la "verdad" sobre los hechos de 1968 la determinación de la CEAV "puede ser un buen semillero en favor de los derechos humanos porque además pone al centro a las víctimas".
A parecer de Mario Patrón, esta resolución establece un marco de justicia transicional que puede construir una agenda con el nuevo gobierno.