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Miguel R. Valladares García

domingo 16 diciembre 2018

Hay mucho por hacer en materia de justicia: PGR

El encargado de despacho de la PGR pidió dar continuidad a los proyectos

El Universal
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Oaxaca, Oaxaca.- El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, pidió dar continuidad a los proyectos y acciones, como la consolidación del sistema penal acusatorio, trazados en los últimos años en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, pues no “puede haber lugar para improvisaciones”.

Al inaugurar, en la capital oaxaqueña, la 40 Asamblea Plenaria de la CNPJ, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia de procurador, advirtió que para combatir la impunidad y la inseguridad en el país se requieren estrategias que “no sean de una persona o de una administración en particular”, sino de las procuradurías y fiscalías en su conjunto.

“No puede haber lugar para improvisaciones, sino para diagnosticar, planear y ejecutar de manera responsable. Permitiéndonos entregar mejores resultados, facilitar la rendición de cuentas, y construir las instituciones que todos los mexicanos deseamos tener”, sentenció en el Centro de Convenciones de la ciudad.

Ante fiscales y procuradores estatales, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Elías Beltrán reconoció que falta mucho por hacer en materia de procuración de justicia, sin embargo destacó que hay esfuerzos y experiencias exitosas comunes que deben perfeccionarse, como la autonomía de las fiscalías y fortalecer sus capacidades de acción.

A nombre de los fiscales y procuradores del país, el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, señaló que las entidades han realizado esfuerzos legislativos, de capacitación y equipamiento para la implementación del sistema penal acusatorio.

“Hace seis años sólo en tres entidades federativas se aplicaba en su territorio el sistema de justicia penal acusatorio, hoy está vigente en toda la geografía del país”, destacó el funcionario.

No obstante, aseguró que se requiere un “esfuerzo de estado para consolidar” el sistema de justicia penal, cimentado en el respeto a los derechos humanos.

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