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CIUDAD DE MÉXICO.- Con el fin de reforzar la lucha contra el lavado de dinero por medio del uso de facturas falsas, autoridades financieras pidieron a instituciones utilizar la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar este delito.
La lista que publica el SAT es para dar a conocer a los contribuyentes y empresas que simulan operaciones a través de facturas o comprobantes fiscales digitales. A estas empresas se les conoce como “fantasma”.
Desde 2014, a raíz de la reforma fiscal, se da a conocer un listado de los presuntos evasores con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
La lista que se actualiza cada 15 días y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ahora deberá ser consultada por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afores, empresas de factoraje, arrendadoras y casas de cambio para ubicar si se encuentran entre sus clientes.
Deberán considerar el listado dentro de su proceso de verificación de riesgos, medida que se suma a la obligación que tienen de revisión de la lista de personas bloqueadas y de políticamente expuestas que utilizan cotidianamente en materia antilavado para la identificación y conocimiento de sus clientes.
La lista que publica el SAT es para dar a conocer a los contribuyentes y empresas que simulan operaciones a través de facturas o comprobantes fiscales digitales. A estas empresas se les conoce como “fantasma”.
Desde 2014, a raíz de la reforma fiscal, se da a conocer un listado de los presuntos evasores con base en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).
La lista que se actualiza cada 15 días y se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ahora deberá ser consultada por bancos, casas de bolsa, aseguradoras, Afores, empresas de factoraje, arrendadoras y casas de cambio para ubicar si se encuentran entre sus clientes.
Deberán considerar el listado dentro de su proceso de verificación de riesgos, medida que se suma a la obligación que tienen de revisión de la lista de personas bloqueadas y de políticamente expuestas que utilizan cotidianamente en materia antilavado para la identificación y conocimiento de sus clientes.
