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Todavía no “estamos” preparados para obligar a las empresas, a contratar algún porcentaje de personas con discapacidad, consideró José de Jesús Sánchez Pineda, director de 'Juntos, una experiencia compartida AC'.
Expuso que lo anterior al ser cuestionado sobre si ya debería de establecerse una legislación, que obligue a las compañías a emplear cierto porcentaje de la plantilla total, a personas bajo dicha condición o acotarse a la iniciativa de cada empresa.
Para el directivo de la Organización de la Sociedad Civil (OSC), no existe preparación para tal iniciativa, debido a que existen muchas carencias previas en temas de salud, educación y sobre todo de movilidad.
Por lo tanto, el activista remarcó que tendrían que atenderse dichas necesidades de las personas con discapacidad para entonces establecer dichas condiciones de obligatoriedad, de otra manera sería “una simulación completa, y no es el objetivo”, enfatizó.
En entrevista, Sánchez Pineda dijo que” más vale” ir paso a paso, y que los empresarios se concienticen en darle oportunidades laborales a este sector de la población.
“Que ellos vayan encontrando el valor de contratar a las personas con discapacidad, que hay muchos beneficios fiscales, pero también en cuanto a diversidad, de ambiente laboral, etcétera”, concluyó.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ofrece incentivos fiscales a las empresas que contratan a este personal, por ejemplo, deducciones en el Impuesto sobre la Renta (ISR).
Según el Plan Nacional de Desarrollo Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNTEPD), uno de los objetivos del mismo, es “fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales”.
Expuso que lo anterior al ser cuestionado sobre si ya debería de establecerse una legislación, que obligue a las compañías a emplear cierto porcentaje de la plantilla total, a personas bajo dicha condición o acotarse a la iniciativa de cada empresa.
Para el directivo de la Organización de la Sociedad Civil (OSC), no existe preparación para tal iniciativa, debido a que existen muchas carencias previas en temas de salud, educación y sobre todo de movilidad.
Por lo tanto, el activista remarcó que tendrían que atenderse dichas necesidades de las personas con discapacidad para entonces establecer dichas condiciones de obligatoriedad, de otra manera sería “una simulación completa, y no es el objetivo”, enfatizó.
En entrevista, Sánchez Pineda dijo que” más vale” ir paso a paso, y que los empresarios se concienticen en darle oportunidades laborales a este sector de la población.
“Que ellos vayan encontrando el valor de contratar a las personas con discapacidad, que hay muchos beneficios fiscales, pero también en cuanto a diversidad, de ambiente laboral, etcétera”, concluyó.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ofrece incentivos fiscales a las empresas que contratan a este personal, por ejemplo, deducciones en el Impuesto sobre la Renta (ISR).
Según el Plan Nacional de Desarrollo Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNTEPD), uno de los objetivos del mismo, es “fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad, basada en habilidades y competencias laborales”.
