A-AA+
El sistema 911 en San Luis Potosí es mantenido en la opacidad por las autoridades, que o no entregaron o consideraron reservada la información requerida por la organización Causa en Común.
De acuerdo al estudio “La subutilización del 911 en México”, la organización independiente incluye al estado entre los doce que no respondieron a las solicitudes de información sobre el sistema de llamadas de emergencia.
Los únicos datos que aparecen sobre el estado es que existen cuatro centros de atención a emergencias, para atender a una población de 2.7 millones de personas.
Esto arroja una proporción de 0.15 centros por cada cien mil habitantes en la entidad.
Esta proporción deja a San Luis Potosí exactamente a la mitad de la tabla, en la que el primer lugar lo ocupa Querétaro, con una proporción de 0.93, mientras que el último lugar es el estado de México, con una proporción de 0.01.
Y sólo ese dato relativo a San Luis Potosí. Las autoridades potosinas se reservaron o no proporcionaron datos sobre el número de cámaras de vigilancia desplegadas en las ciudades, sus manuales de organización, la situación presupuestal de estos organismos y el tabulador salarial de sus empleados, e incluso, el número de llamadas que reciben al mes.
En sus conclusiones, y en relación con la opacidad de la mayor parte de las autoridades estatales, la organización Causa Común señala que “es necesario que se transparente la información relativa al diseño, operación y costos de los centros de atención a emergencias conforme a buenas prácticas internacionales, a fin de fortalecer el respaldo social a sus funciones y estar en posición de realizar evaluaciones más precisas sobre su contribución a cualquier estrategia de seguridad pública”.
De acuerdo al estudio “La subutilización del 911 en México”, la organización independiente incluye al estado entre los doce que no respondieron a las solicitudes de información sobre el sistema de llamadas de emergencia.
Los únicos datos que aparecen sobre el estado es que existen cuatro centros de atención a emergencias, para atender a una población de 2.7 millones de personas.
Esto arroja una proporción de 0.15 centros por cada cien mil habitantes en la entidad.
Esta proporción deja a San Luis Potosí exactamente a la mitad de la tabla, en la que el primer lugar lo ocupa Querétaro, con una proporción de 0.93, mientras que el último lugar es el estado de México, con una proporción de 0.01.
Y sólo ese dato relativo a San Luis Potosí. Las autoridades potosinas se reservaron o no proporcionaron datos sobre el número de cámaras de vigilancia desplegadas en las ciudades, sus manuales de organización, la situación presupuestal de estos organismos y el tabulador salarial de sus empleados, e incluso, el número de llamadas que reciben al mes.
En sus conclusiones, y en relación con la opacidad de la mayor parte de las autoridades estatales, la organización Causa Común señala que “es necesario que se transparente la información relativa al diseño, operación y costos de los centros de atención a emergencias conforme a buenas prácticas internacionales, a fin de fortalecer el respaldo social a sus funciones y estar en posición de realizar evaluaciones más precisas sobre su contribución a cualquier estrategia de seguridad pública”.
