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Miguel R. Valladares García

martes 20 noviembre 2018

Estudio confirma enfermedades renales en población de la ribera del lago de Chapala

El deterioro de la calidad del agua de este lago provoca afectaciones a la salud en Mezcala de Asunción y San Pedro Itzicán.

Notimex
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Guadalajara (Notimex).- Con las pruebas resultantes de un trabajo de investigación multidisciplinar, el ITESO representará a las familias afectadas de Mezcala de Asunción y San Pedro Itzicán, de la Ribera del lago de Chapala, en la próxima audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, del 22 al 26 de octubre en el campus.

Delia Magallón tiene una vista impactante desde su ventana. Todos los días convive con el lago más grande de México, Chapala. De él, su familia ha obtenido peces para su comida diaria y agua para uso y consumo cotidiano.

Sin embargo, también obtuvo algo que ella no pidió: la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Su hermano, su hijo y tres de sus nietos, uno de los cuales falleció por esta causa, también la han padecido, informó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en un comunicado.

Añadió que el caso de la señora Delia Magallón se suma a las estadísticas que hacen de Jalisco la segunda entidad a escala mundial con más casos de Enfermedad Renal Terminal (ERT).

Jalisco está por arriba de la cifra nacional de países como Estados Unidos, Singapur y Japón, según el Sistema de Datos Renales de Estados Unidos (USRDS, por sus siglas en inglés).

El deterioro de la calidad del agua de este lago, debido principalmente a actividades industriales, provoca afectaciones a la salud de los pobladores de las comunidades ribereñas de Mezcala de Asunción y San Pedro Itzicán.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó un equipo de investigadores del ITESO coordinado por Carlos Peralta Varela, profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DSOJ).

El caso de estas dos comunidades será presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), el cual realizará su XII Audiencia Pública Internacional en el ITESO del 22 al 26 de octubre.

Los pobladores denuncian violaciones sistemáticas a sus derechos humanos fundamentales al agua, al saneamiento y al medio ambiente sano por parte del Estado mexicano, ya que este ha sido omiso, desde diferentes niveles, en proteger y garantizar su bienestar a través de la aplicación y vigilancia de las leyes competentes.

Aunque el TLA es una instancia de justicia alternativa no vinculante, “nuestra apuesta es hacer difusión social y política de la problemática, para evidenciar lo que está pasando y que haya una respuesta por parte del gobierno”, compartió el investigador.

Anteriormente, pobladores de la región, organizaciones civiles e instituciones como la Universidad de Guadalajara (UdeG) han tomado acciones para hacer evidente esta situación.

Si bien el equipo de investigadores no pretende afirmar que la causa de los males es exclusivamente por el agua del lago, sí busca mostrar el hecho de que la contaminación de Chapala tiene un efecto directo en la calidad de vida de las poblaciones cercanas.

Las consecuencias no han sido sólo para las comunidades ribereñas. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) obtiene hasta 60 por ciento del agua que consume de este lago.

“Nada nos dice que no nos va a llegar a nosotros, porque la planta de tratamiento que existe no cubre todo el espectro de metales y otro tipo de desechos que presenta el agua de Chapala”, advirtió Peralta Varela, coordinador de la investigación.

A la fecha, no existe un censo oficial de decesos o enfermos, pero pobladores de Mezcala reportan 23 muertes por insuficiencia renal, mientras que hay 11 personas con afectaciones varias al riñón, entre niños y adultos, tan sólo en el último año.

“Los más afectados son jóvenes de entre 18 y 26 años”, aseguró Peralta Varela, de acuerdo con la investigación realizada.

“La Secretaría de Salud de Jalisco dice que hay 600 personas con algún tipo de tratamiento por causas renales. De acuerdo con estudios conducidos por la Universidad de Guadalajara, 40 por ciento de los habitantes de la ranchería Agua Caliente, ubicada a tres kilómetros de San Pedro Itzicán, tuvo algún problema de enfermedad renal”, señaló.

La economía familiar de quienes padecen enfermedades del riñón también se ve afectada. Aunado a que la gente de la región es de escasos recursos, ya que cualquier enfermedad los saca de su estabilidad.

“En el caso de una enfermedad renal, tienen que hacer un desembolso muy fuerte y cotidiano para los tratamientos y traslados. Lo que ellos manejan es que ‘no es una enfermedad que mata, es una enfermedad que te mata cuando se te acaba el dinero’”, sentenció.

De acuerdo con la recomendación 8/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), un habitante de estas comunidades gasta aproximadamente tres mil 375 pesos mensuales únicamente en transportarse a las unidades de salud en la ZMG, ya que no cuentan con los servicios necesarios en su lugar de origen.

Debido a que este padecimiento no es cubierto por el Seguro Popular, a ello se suma un costo anual estimado de hasta 168 mil pesos por tres sesiones de diálisis por semana, según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el caso de San Pedro Itzicán, el agua que consume cerca de la mitad de la población proviene de un pozo de agua hipertermal, que como tal puede contener elementos como azufre, sodio, arsénico y plomo, entre otros.

El único tratamiento que se le da a esta agua previo a su consumo es un proceso de enfriamiento y cloro, que poco hace por potabilizar el líquido.

Para simplificar la interpretación de los datos provistos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), vía transparencia, a través de un análisis estadístico, el equipo encabezado por Carlos Peralta Varela pidió apoyo de investigadores del Departamento de Matemáticas y Física (DMAF) del ITESO, quienes integrarán el cuerpo académico de la Maestría de Ciencia de Datos que la universidad abrirá en 2019.

El primer reto para el equipo fue, de acuerdo con Riemann Ruíz Cruz, profesor del DMAF, organizar la información de la Conagua. “Nos dieron una base de datos sucia, como se le conoce en ciencia de datos. Hay datos erróneos, duplicados y que no sabes si tienen coherencia o no”.

Y es que los investigadores encontraron que la dependencia no cuenta con una periodicidad o una metodología establecida para llevar a cabo las mediciones de calidad del agua del lago de Chapala. De 2012 a la fecha, las 34 estaciones de monitoreo reportaron únicamente entre nueve y 12 mediciones, en temporadas indistintas.

“También encontramos que no tienen una regla para el llenado de los datos. Alguna vez el resultado de la medición pudo haber sido 40 y a la hora de capturar pusieron ‘más de 20’. En la misma estación, diferente año, se capturo ‘más de 10’, que puede significar 1000 o puede significar 20”, señaló Riemann Ruíz.

Una segunda parte del análisis de datos fue comparar los valores reportados en el lago de Chapala con Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y normas internacionales.

“Ahí es donde empezamos a tener cosas interesantes. En algunos casos encontramos niveles de contaminantes muy por arriba de los parámetros tanto de las normas internacionales como mexicanas”, afirmó.

El equipo de Ciencia de Datos proporcionó también una interpretación espacial para determinar la distribución de ciertos contaminantes en las diferentes áreas del lago y revisar si era geográficamente relevante lo encontrado para las comunidades de Mezcala y San Pedro Itzicán.

“De los parámetros más críticos encontramos la presencia de coliformes fecales en todo el lago en general; principalmente la bacteria E.Coli (Escherichia coli) está muy por arriba de la norma. Hablamos de más del mil por ciento”, advirtió el profesor.

José Bernardo Cotero Ochoa, director del DMAF, recordó que estos son los únicos datos con los que se puede trabajar, ya que la legislación mexicana prohíbe que alguien ajeno a la Conagua haga muestreos de cuerpos de agua en territorio nacional.

Sin embargo, señaló que existe la tecnología para establecer un sistema de monitoreo inteligente, que provea de datos certeros para tomar mejores decisiones, “aunque primero habría que reformar la ley”, asentó.

Ana Sofía Macías, egresada de Ingeniería Ambiental, y Loreto Soto, estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Paz, fungieron como auxiliares en la investigación.

En tanto, Agustín Verduzco Espinosa, abogado y contralor en aspectos normativos de la universidad, será quien actúe como representante de los pobladores en la audiencia que se realizará ante el Tribunal, cuya sentencia se conocerá el día 26 de octubre.

También contribuyeron con esta investigación estudiantes y egresados de licenciatura y posgrado, bajo la conducción de Susana Herrera Lima, profesora del Departamento de Estudios Socioculturales (DESO) del ITESO, en el levantamiento de testimonios de 40 habitantes de ambas comunidades, haciendo de este un trabajo interdisciplinario.

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