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CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana consideró urgente reformar las leyes Federal del Trabajo y de Seguridad Social para reconocer plenamente las garantías individuales y las obligaciones de las trabajadoras del hogar.
Mediante un comunicado, destacó la importancia de crear los incentivos necesarios para que los empleadores de estas personas cumplan con las mismas obligaciones que se establecen en otras profesiones.
Refirió que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2018, en México 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar y nueve de cada 10 son mujeres.
Además, apuntó, las trabajadoras del hogar enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos, entre ellos que la mayor parte de la sociedad no considera al trabajo del hogar como una ocupación “real”, sino como actividades “normales” o “naturales” que realizan las mujeres.
Comentó que el proyecto de sentencia propuesto por la segunda sala de la Corte ante el amparo directo 9/2018 respecto de que el tipo de labor que realizan las trabajadoras del hogar, es de carácter especial y no son tutelares de derechos sociales.
Con ello, expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no contribuye al avance de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, toda vez que refrenda un trato desigual ante los derechos laborales.
Aseveró que un avance importante es la creación del primer sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar en la historia de México, legalmente constituido desde febrero de 2016, luego de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 4 de la Ciudad de México otorgara el registro a sus dirigentes.
Dicho sindicato elaboró un contrato colectivo que contempla de manera clara derechos y obligaciones como el acceso a seguridad social, un salario con base en horas laboradas, vacaciones y aguinaldo, mencionó.
Sin embargo, recordó que México no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata de la primera norma internacional con medidas específicas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar.
El documento está en vigor en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, y en enero de 2019 será aplicable en Brasil.
