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CHIQUIMULA, Guatemala (AP) — Más de 2 mil hondureños reanudaron su caminata a través de Guatemala como parte de una caravana que intenta llegar a Estados Unidos y que ha molestado al presidente Donald Trump, quien el miércoles la puso en el centro de la campaña electoral de medio término para atacar a sus rivales demócratas.
Un día después de que Trump advirtiera a los países centroamericanos que les retiraría cualquier ayuda financiera si no hacen algo para detener la caravana, el mandatario llamó a los republicanos en Estados Unidos a hacer del tema migratorio parte del discurso electoral para los comicios del 6 de noviembre, cuando se renovará el Congreso.
“Es difícil creer que con miles de personas del sur de la frontera, caminando sin obstáculos hacia nuestro país en forma de grandes caravanas, los demócratas no aprueben una legislación que permita leyes para la protección de nuestro país. ¡Gran tema de medio término para los republicanos!”, publicó Trump en su cuenta oficial de Twitter al tiempo que llamó a los republicanos a hacer de las “leyes de inmigración horrendas, débiles y obsoletas” una cuestión de campaña.
Los migrantes iniciaron la marcha por la madrugada, sin desayunar, y esperaban caminar unos 40 kilómetros hasta Zacapa, la población siguiente en la ruta. Según la Casa del Migrante unos mil ya llegaron a la capital guatemalteca gracias a que extraños los acercaron en automóvil o tomaron un autobús.
“Vamos a seguir, aquí el que decide es Dios, nosotros no tenemos más que avanzar”, dijo a The Associated Press Luis Navarreto, un migrante de 32 años que había leído sobre la advertencia del mandatario estadounidense.
Nelson Zavala, un jornalero de 36 años que forma parte de la caravana, relató que lleva tres días de desvelo pero “estamos agradecidos con Dios y por la ayuda que estamos recibiendo del pueblo guatemalteco”.
“Estamos aquí gracias a Juan Orlando (Hernández, presidente de Honduras)”, dijo Zavala al quejarse de la pobreza en su país.
A su paso los migrantes sonríen, saludan a la gente y aprovechan para pedir dinero para comer. El clima los favorece pues la zona es húmeda y calurosa pero amaneció con el cielo nublado y una tenue llovizna que hace más llevadera la jornada.
Brenda Celis, de 40 años y quien marcha con sus dos hijos de 10 y 12, dijo que llegaría hasta donde pudiera a pesar de la amenaza de Trump. “Nosotros vamos a seguir, vamos con el Dios de lo imposible, sin exponer mucho más a los niños” dijo.
La víspera los hondureños recorrieron unos 48 kilómetros para llegar a Chiquimula luego de cruzar la frontera de Guatemala.
Mientras el sofocante calor de la jornada dejaba paso a un aguacero nocturno, Norma Chacón, de 31 años, se preparó para dormir en el piso de un auditorio municipal con su hijo de 18 meses, que estaba descalzo y vestía un overol. Los residentes del municipio llevaron pan, frijoles, queso y café a los migrantes.
Chacón, que dijo que intentó vender cosméticos en Honduras, dejó a sus otros dos hijos en el país pero se llevó al más pequeño porque sigue amamantándolo.
Mientras se acomodaba Trump lanzó una serie de mensajes a través de Twitter en los que manifestó que Washington advirtió a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador que su ayuda se suspenderá si permiten que la gente viaje desde o a través de sus países para entrar a Estados Unidos sin autorización.
“Todo aquel que ingrese ilegalmente a Estados Unidos será arrestado y detenido antes de ser enviado de regreso a su país”, tuiteó.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el martes en Honduras, Guatemala y México que respeten los derechos y garanticen la seguridad de los migrantes hondureños que forman parte de la caravana. Las estimaciones apuntan que podría haber hasta 3.000 personas.
El tamaño del grupo se multiplicó desde que unos 160 migrantes partieron el viernes de la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Mucha gente se fue uniendo de forma espontánea llevando apenas unas pocas pertenencias. Un cura guatemalteco estimó que más de 2.000 fueron alimentadas en tres albergues gestionados por la Iglesia en Esquipulas, la primera parada del grupo en Guatemala.
En sus primeras declaraciones sobre el último grupo de migrantes el presidente de Honduras acusó a "grupos políticos" que no identificó de usar mentiras para organizar la caravana como una forma de crear problemas al país.
Antes la cancillería hondureña había dicho que la gente había sido atraída para unirse a la migración con "falsas promesas" de una visa de tránsito para cruzar México y la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
México advirtió que solo quienes cumplan los requisitos podrán entrar al país y, en la mayoría de los casos, los hondureños necesitan visas para hacerlo.
Sin embargo, sigue sin estar claro si México y otros gobiernos de la región tienen la voluntad política de detener físicamente a los decididos migrantes hondureños, que huyen de la pobreza y la violencia generalizada en uno de los países con mayor tasa de asesinatos del mundo.
Los migrantes esperan que viajar en masa los proteja de los robos, asaltos y peligros que plagan la ruta hacia el norte.
Las autoridades guatemaltecas detuvieron el martes a un exlegislador hondureño, Bartolo Fuentes, que viajaba en la caravana, junto con otros dos hombres. Algunas organizaciones hondureñas habían identificado a Fuentes como coordinador o vocero del grupo, aunque los migrantes dijeron que solo los acompañaba y ayudaba.
La esposa de Fuentes, Dunia Montoya, señaló que su esposo estaría detenido por 72 horas y sería deportado si la intervención de grupos de derechos humanos guatemaltecos no lo evitaba.
Guatemala cerró las instalaciones de migración en el paso fronterizo de Agua Caliente para evitar la entrada de más hondureños. Policías y soldados se apostaron en el lado hondureño de la frontera para impedir nuevas incorporaciones a la caravana.
Desde 2014 Estados Unidos ha destinado 2 mil 600 millones de dólares en ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador. Para 2019 Washington comprometió 65,7 millones para programas de seguridad, construcción de la democracia, derechos humanos y desarrollo económico y social en Honduras.
En México demandan medidas cautelares
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales, así como estatales y municipales de Chiapas, que se implementen medidas cautelares y humanitarias en beneficio de los integrantes de la "Caminata del Migrante".
El organismo indicó que ayer notificó a las autoridades correspondientes de la solicitud de medidas cautelares, para que de manera coordinada y de acuerdo con sus competencias emprendan acciones inmediatas para que en los lugares que se habiliten para el alojamiento de los migrantes, se les proporcione alimentación, atención médica y psicológica.
Destacó que se debe dar prioridad a grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.
La solicitud fue dirigida especialmente al Instituto Nacional de Migración, al cual le pidió que las acciones de verificación migratoria que practique se lleven a cabo con respeto a los derechos fundamentales y con especial consideración a los integrantes de los grupos mencionados, además de que instruya que, en atención al principio de no devolución, se realicen las acciones correspondientes para que a las personas que pretendan solicitar refugio les sea respetado ese derecho.
A Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, así como a los presidentes municipales de Tapachula y de Suchiate les solicitó que cualquier actividad que realicen en torno de la "Caminata Migrante" respete los derechos de las personas en contexto de migración y se atiendan las particularidades de cada grupo o persona.
También les solicitó proporcionar la seguridad pública necesaria en los lugares de pernocta de las personas integrantes de la caravana y durante la espera para ser atendidas por la autoridad migratoria.
Señaló que la solicitud de medidas cautelares es parte de la función primordial de la CNDH y permiten conservar y proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos. Su propósito es evitar la consumación irreparable de hechos violatorios a estas garantías.
Afirmó que cumplen con requisitos indispensables para proceder a su otorgamiento, como el riesgo o peligro real en que se puede encontrar una persona debido a circunstancias; la urgencia, determinada por la información y contexto de los hechos que indican peligro y amenazas, e irreparabilidad del daño, consistente en la probabilidad de que se cause una afectación que no pueda ser susceptible de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Las medidas, firmadas por el quinto visitador General de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, fueron dirigidas a Rafael Adrián Avante Juárez y Patricia Martínez Cranss, subsecretario de Derechos Humanos y subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, respectivamente; Pablo Antonio Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad.
Asimismo, a Gerardo Elías García Benavente, comisionado del Instituto Nacional de Migración; Jesús Naime Libién, titular del Sistema Nacional DIF; Luis Enrique Guerra García, procurador Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Mario Carlos Culebro Velasco, secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas; Octavio Lozoya Uribe y Luis Manuel García Moreno, encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y secretario de Protección Civil de esa entidad, respectivamente.
También a Leticia Guadalupe Montoya y Juan Pablo Pinto Gómez, encargada del Despacho de la Secretaría de Salud, y director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF, de esa entidad, respectivamente; Óscar Gurría Penagos, alcalde de Tapachula, y Sonia Eloína Hernández Aguilar, presidenta municipal de Suchiate, Chiapas.
Las medidas cautelares se pidieron por el tiempo que se requiera y tienen como fundamento los artículos 3, 6 fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno. La CNDH solicitó que se le informe de manera inmediata respecto de su aceptación y, en ese caso se le reporten las actividades que se realicen para su cabal cumplimiento.
La Comisión indicó que mantendrá su observación respecto al cumplimiento de las medidas cautelares en favor de las personas en contexto de migración, con el fin de que les sean respetados sus derechos humanos.
