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Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de una “nueva ola de represión” en Nicaragua y elevó a 325 la cifra de muertos desde el inicio en abril de las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha observado “un incremento de los actos de violencia y represión” en las últimas semanas con el objetivo de “disuadir las manifestaciones” en Nicaragua, indicó el organismo en un comunicado.
La CIDH, además, expresó “preocupación” por la “persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social” contra Ortega, cuyo Gobierno declaró el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones que no cuenten con el permiso de las autoridades.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, estallaron hace seis meses por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que se encuentra en ese país y ha podido documentar la muerte de 325 personas, de las que 21 son policías y 24 menores, según los datos dados a conocerel pasado miércoles.
A ese respecto, la Comisión considera que la cifra de veinticuatro menores fallecidos es “gravísima y refleja que no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta”.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha reconocido 199 muertos y más de 200 presos, a los que califica de “terroristas” y “golpistas”.
Sin embargo, organismos humanitarios afirman que hay 512 víctimas mortales y 459 “presos políticos”.
Ante la “inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses”, la CIDH pidió al Estado que le permita acceder a información sobre los fallecidos de manera “urgente” para verificar las cifras ofrecidas por las autoridades nicaragüenses.
La comisión, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha observado “un incremento de los actos de violencia y represión” en las últimas semanas con el objetivo de “disuadir las manifestaciones” en Nicaragua, indicó el organismo en un comunicado.
La CIDH, además, expresó “preocupación” por la “persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social” contra Ortega, cuyo Gobierno declaró el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones que no cuenten con el permiso de las autoridades.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, estallaron hace seis meses por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La CIDH ha desempeñado un papel fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que se encuentra en ese país y ha podido documentar la muerte de 325 personas, de las que 21 son policías y 24 menores, según los datos dados a conocerel pasado miércoles.
A ese respecto, la Comisión considera que la cifra de veinticuatro menores fallecidos es “gravísima y refleja que no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta”.
Hasta ahora, el Ejecutivo ha reconocido 199 muertos y más de 200 presos, a los que califica de “terroristas” y “golpistas”.
Sin embargo, organismos humanitarios afirman que hay 512 víctimas mortales y 459 “presos políticos”.
Ante la “inconsistencia de las cifras aportadas por las autoridades nicaragüenses”, la CIDH pidió al Estado que le permita acceder a información sobre los fallecidos de manera “urgente” para verificar las cifras ofrecidas por las autoridades nicaragüenses.
