A-AA+
Foto: Notimex
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado propuso darle "muerte civil" a los servidores públicos y particulares que cometan actos de corrupción, a fin de que sean inhabilitados definitivamente.
La iniciativa, que fue propuesta de campaña de su abanderado presidencial Ricardo Anaya y del Frente Ciudadano por México, que conformaba el PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), busca que la "muerte civil" sea aplicada como una sanción administrativa que imponga el Tribunal a los servidores públicos, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por corrupción excede el límite de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En el caso de particulares, ya sean personas físicas o morales, la inhabilitación definitiva aplicará en la participación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, como sanción por la comisión de faltas administrativas graves, se indica en la exposición de motivos.
Se contempla la creación del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, y se faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a sus homólogas en las entidades implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con información oportuna y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares que han sido sancionados y/o inhabilitados de forma temporal o definitiva.
"Nuestra propuesta establece que el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados debe ser una base de datos, dado que es la forma más rápida y eficaz de acceder a la información", señala el texto.
En conferencia de prensa, el coordinador Damián Zepeda señaló que la propuesta también considera que el Registro de Funcionarios sea incorporado a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que es la herramienta idónea para integrar, consultar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios.
"Con estas nuevas normas buscamos contribuir a erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien; y a los corruptos, les vaya mal, y para que todas las personas podamos confiar en que en México los delitos tiene consecuencias, porque la ley se aplica y las instituciones funcionan", sostuvo.
El senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo afirmó que en el Índice de Percepción de Corrupción en 2017, de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos de 100 puntos posibles. "¿Qué quiere decir con esto?, que realmente México estamos en los últimos lugares y, por lo tanto, tenemos que ir mejorando en lo que es la transparencia y evitar la corrupción".
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado propuso darle "muerte civil" a los servidores públicos y particulares que cometan actos de corrupción, a fin de que sean inhabilitados definitivamente.
La iniciativa, que fue propuesta de campaña de su abanderado presidencial Ricardo Anaya y del Frente Ciudadano por México, que conformaba el PAN, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), busca que la "muerte civil" sea aplicada como una sanción administrativa que imponga el Tribunal a los servidores públicos, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por corrupción excede el límite de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En el caso de particulares, ya sean personas físicas o morales, la inhabilitación definitiva aplicará en la participación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, como sanción por la comisión de faltas administrativas graves, se indica en la exposición de motivos.
Se contempla la creación del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, y se faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a sus homólogas en las entidades implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con información oportuna y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares que han sido sancionados y/o inhabilitados de forma temporal o definitiva.
"Nuestra propuesta establece que el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados debe ser una base de datos, dado que es la forma más rápida y eficaz de acceder a la información", señala el texto.
En conferencia de prensa, el coordinador Damián Zepeda señaló que la propuesta también considera que el Registro de Funcionarios sea incorporado a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que es la herramienta idónea para integrar, consultar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios.
"Con estas nuevas normas buscamos contribuir a erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien; y a los corruptos, les vaya mal, y para que todas las personas podamos confiar en que en México los delitos tiene consecuencias, porque la ley se aplica y las instituciones funcionan", sostuvo.
El senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo afirmó que en el Índice de Percepción de Corrupción en 2017, de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos de 100 puntos posibles. "¿Qué quiere decir con esto?, que realmente México estamos en los últimos lugares y, por lo tanto, tenemos que ir mejorando en lo que es la transparencia y evitar la corrupción".