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La delegación de la Procuraduría Agraria, la delegación local del Registro Agrario Nacional y el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, enfrentarán una demanda de reparación de daño por parte de la Comunidad de la Congregación de Escalerillas, luego de ser excluidos de la lista de quienes sí son comuneros para simular una asamblea de elección de líder comunal utilizando ejidatarios, sin derechos comunales.
El defensor de los comuneros, Marco Antonio Arredondo Bravo, informó que varios delegados de la Procuraduría Agraria desde 1991 y hasta la fecha, conocen del litigio que sostiene Julián Valero Rivera para el reconocimiento de las tierras comunales y sin embargo, han permanecido omisos para aportar los elementos necesarios en diversas actuaciones de juicio y defender los derechos de los comuneros.
Dijo que “la gota que derramó el vaso” fue la reciente convocatoria lanzada por la propia Procuraduría Agraria, para la renovación de la dirigencia de la Comunidad de la Congregación de Escalerillas, tomando en cuenta a personas que no pertenecían a ella y que sin embargo, en forma ilegal sí pertenecen al Ejido.
Aseguró que los funcionarios actuaron con dolo, y a sabiendas de que hay infinidad de juicios de amparo ganados por todos los comuneros de la Congregación de Escalerillas, encabezados por Julián Valero Rivera y Beatriz Valero Bravo, y aún así, el delegado de la Procuraduría Agraria y el delegado del Registro Agrario Nacional han omitido la información de los verdaderos comuneros y también han maquilado toda la asamblea que según ellos, estaba integrada por comuneros que en realidad son ejidatarios sin derechos sobre la comunidad.
El defensor de los comuneros, Marco Antonio Arredondo Bravo, informó que varios delegados de la Procuraduría Agraria desde 1991 y hasta la fecha, conocen del litigio que sostiene Julián Valero Rivera para el reconocimiento de las tierras comunales y sin embargo, han permanecido omisos para aportar los elementos necesarios en diversas actuaciones de juicio y defender los derechos de los comuneros.
Dijo que “la gota que derramó el vaso” fue la reciente convocatoria lanzada por la propia Procuraduría Agraria, para la renovación de la dirigencia de la Comunidad de la Congregación de Escalerillas, tomando en cuenta a personas que no pertenecían a ella y que sin embargo, en forma ilegal sí pertenecen al Ejido.
Aseguró que los funcionarios actuaron con dolo, y a sabiendas de que hay infinidad de juicios de amparo ganados por todos los comuneros de la Congregación de Escalerillas, encabezados por Julián Valero Rivera y Beatriz Valero Bravo, y aún así, el delegado de la Procuraduría Agraria y el delegado del Registro Agrario Nacional han omitido la información de los verdaderos comuneros y también han maquilado toda la asamblea que según ellos, estaba integrada por comuneros que en realidad son ejidatarios sin derechos sobre la comunidad.
