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viernes 14 diciembre 2018

Imputan a titular de Oficina Anticorrupción por proteger a Macri

Notimex
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La justicia argentina comenzó una investigación penal en contra de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por haber protegido al presidente Mauricio Macri en una causa por conflicto de intereses.

Alonso es una de las funcionarias más polémicas del país sudamericano, ya que fue nombrada por decreto por Macri a pesar de que no cumplía con los requisitos legales para ocupar el cargo, además de que ella era miembro de su partido.

Antes de asumir, la politóloga reconoció en una entrevista que admiraba tanto a Macri que podría enamorarse, y ya como titular de la Oficina Anticorrupción, desestimó de inmediato la investigación de los Panamá Papers que descubrió que el presidente tenía cuentas off shore en paraísos fiscales.

El portal Infobae reveló este martes que Alonso será investigada penalmente por haber desvinculado a Macri de uno de los mayores escándalos de conflictos de intereses que ha enfrentado el gobierno.

A principios del año pasado, el periodista Ari Lijalad demostró que el gobierno de Macri le había condonado una multimillonaria deuda al Correo Argentino que maneja el Grupo Macri, es decir, los hermanos e hijos del presidente.

Las pruebas no alcanzaron para la titular de la Oficina Anticorrupción, quien en tiempo récord consideró que Macri y otros funcionarios involucrados en el perdón de la deuda al Correo Argentino no habían incumplido ninguna falta ética.

Ante esa respuesta, los diputados opositores Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron en octubre pasado a Alonso por haber emitido una resolución con la “evidente finalidad” de desligar de responsabilidades a Macri.

La decisión de la funcionaria también benefició al exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien hoy es ministro de Defensa; y al exdirector general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.

Por eso, la fiscal federal Paloma Ochoa abrió una causa en contra de Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, en una investigación penal que ahora encabeza la jueza María Servini de Cubría.

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