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ZILACAYOTITLÁN, Gro. - El panteón de Zilacayotitlán es bastante grande en proporción con el tamaño del pueblo, de más de mil habitantes. Ahí yacen cinco chicas y dos chicos que se suicidaron entre 2014 y 2016 en actos recurrentes y tan similares que alertaron a la comunidad me’phaa de La Montaña.
Todos se mataron con herbicida. Un veneno más potente que un piquete de alacrán y más letal que la mordida de una víbora de cascabel, de las que abundan por estos parajes.
Según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa, cabecera económica de la región, entre 2013 y mediados de 2015 (año en que dejó de rastrear los casos) hubo 29 suicidios con herbicida; en 2016, un total de 73 personas se quitaron la vida por diversos medios, apunta a su vez el Inegi, que tiene un registro de 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la Secretaría de Salud estatal reportó 83. Sólo que Guerrero no figura entre las entidades con mayor incidencia en el país. Chihuahua es la primera, con 11.4 por cada 100 mil habitantes.
Neil Arias, abogada de Tlachinollan, asegura que ocurren más casos de los que están registrados, que la Secretaría de Salud contabiliza entre 2013 y 2017 en 354. Cimitrio Guerrero, director de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) aquí, cree saber por qué. “El herbicida no tarda más de tres horas en hacer efecto. Si quieres llegar a Tlapa —donde está el Hospital General más o menos equipado— para atenderte no llegas, te mueres en el camino. O cuando llegas, es demasiado tarde y ya no tienes remedio”, dice.
“La familia prefiere ahorrarse el trámite”, indica. Ir al hospital significa avisar al Ministerio Público para que lleve el cadáver a la morgue de Chilpancingo. Traerlo de ahí, a casi 10 horas de distancia, ahorrarse toda esa burocracia para que se entregue el cuerpo de un ser querido; es comprensible que no se avise de estas muertes, menciona el funcionario.
Todos se mataron con herbicida. Un veneno más potente que un piquete de alacrán y más letal que la mordida de una víbora de cascabel, de las que abundan por estos parajes.
Según el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, con sede en Tlapa, cabecera económica de la región, entre 2013 y mediados de 2015 (año en que dejó de rastrear los casos) hubo 29 suicidios con herbicida; en 2016, un total de 73 personas se quitaron la vida por diversos medios, apunta a su vez el Inegi, que tiene un registro de 2.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la Secretaría de Salud estatal reportó 83. Sólo que Guerrero no figura entre las entidades con mayor incidencia en el país. Chihuahua es la primera, con 11.4 por cada 100 mil habitantes.
Neil Arias, abogada de Tlachinollan, asegura que ocurren más casos de los que están registrados, que la Secretaría de Salud contabiliza entre 2013 y 2017 en 354. Cimitrio Guerrero, director de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) aquí, cree saber por qué. “El herbicida no tarda más de tres horas en hacer efecto. Si quieres llegar a Tlapa —donde está el Hospital General más o menos equipado— para atenderte no llegas, te mueres en el camino. O cuando llegas, es demasiado tarde y ya no tienes remedio”, dice.
“La familia prefiere ahorrarse el trámite”, indica. Ir al hospital significa avisar al Ministerio Público para que lleve el cadáver a la morgue de Chilpancingo. Traerlo de ahí, a casi 10 horas de distancia, ahorrarse toda esa burocracia para que se entregue el cuerpo de un ser querido; es comprensible que no se avise de estas muertes, menciona el funcionario.