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El Congreso del Estado señalo que la Comisión de Vigilancia revisó de nueva cuenta los informes de auditoría del ejercicio fiscal 2017 “en forma seria y responsable, en el marco de las facultades que le fija la Ley”, señaló el Poder Legislativo.
En un comunicado, el Congreso señala que el nuevo dictamen, que se pondrá a discusión del Pleno este jueves, es acorde a la decisión de dejar sin efectos el decreto aprobado por la LXI Primera Legislatura, por el que determino´ que dichos informes de auditoría, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables.
El Poder Legislativo precisó que antes de emitir el dictamen, la Comisión de Vigilancia sostuvo tres reuniones con Rocío Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado, para allegarse de mayor información relativa a la integración y contenido de los informes, General, e Individuales de Auditoría.
También tuvo un encuentro con el Frente Ciudadano Anticorrupción el pasado 29 de octubre “en la que recibimos observaciones, sugerencias, recomendaciones y quejas, en relación con el proceso de fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, elementos que fueron de gran valía para esta Comisión”.
La comisión reconoce la existencia de irregularidades en el ejercicio presupuestal, detectadas por la ASE. Detalló que de los 13 mil 078 millones de pesos auditados, 19.8 millones fueron recuperados, además de que se realizaron pliegos de observaciones por otros 719.8 millones de pesos.
Los reportes finales generaron 21 recomendaciones y 172 promociones de procesos sancionatorios. La Comisión de Vigilancia insistió en que en la revisión hubo claridad, que la totalidad de las haciendas públicas municipales.
La titular de la comisión, la legisladora morenista Marite Hernández enfatizó que “la revisión y vigilancia que lleva a cabo esta Comisión a los trabajos y actuaciones de la Auditoría Superior del Estado, no terminan con la revisión de los informes finales de auditoría, pues a lo largo del año se estará revisando el desempeño del órgano fiscalizador, pudiendo recibir en cualquier tiempo denuncias en contra de sus integrantes, que de encontrarse, tanto la titular de la Auditoría Superior del Estado como sus auditores, serían sujetos de responsabilidad”.
Pidió un voto de confianza de la ciudadanía para proseguir con las labores de vigilancia de los recursos.
En un comunicado, el Congreso señala que el nuevo dictamen, que se pondrá a discusión del Pleno este jueves, es acorde a la decisión de dejar sin efectos el decreto aprobado por la LXI Primera Legislatura, por el que determino´ que dichos informes de auditoría, fueron realizados con apego a las disposiciones legales aplicables.
El Poder Legislativo precisó que antes de emitir el dictamen, la Comisión de Vigilancia sostuvo tres reuniones con Rocío Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado, para allegarse de mayor información relativa a la integración y contenido de los informes, General, e Individuales de Auditoría.
También tuvo un encuentro con el Frente Ciudadano Anticorrupción el pasado 29 de octubre “en la que recibimos observaciones, sugerencias, recomendaciones y quejas, en relación con el proceso de fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017, elementos que fueron de gran valía para esta Comisión”.
La comisión reconoce la existencia de irregularidades en el ejercicio presupuestal, detectadas por la ASE. Detalló que de los 13 mil 078 millones de pesos auditados, 19.8 millones fueron recuperados, además de que se realizaron pliegos de observaciones por otros 719.8 millones de pesos.
Los reportes finales generaron 21 recomendaciones y 172 promociones de procesos sancionatorios. La Comisión de Vigilancia insistió en que en la revisión hubo claridad, que la totalidad de las haciendas públicas municipales.
La titular de la comisión, la legisladora morenista Marite Hernández enfatizó que “la revisión y vigilancia que lleva a cabo esta Comisión a los trabajos y actuaciones de la Auditoría Superior del Estado, no terminan con la revisión de los informes finales de auditoría, pues a lo largo del año se estará revisando el desempeño del órgano fiscalizador, pudiendo recibir en cualquier tiempo denuncias en contra de sus integrantes, que de encontrarse, tanto la titular de la Auditoría Superior del Estado como sus auditores, serían sujetos de responsabilidad”.
Pidió un voto de confianza de la ciudadanía para proseguir con las labores de vigilancia de los recursos.
