Fundador:
Miguel R. Valladares García

miércoles 19 diciembre 2018

Preocupa a ONU contenido de la Ley de Seguridad Interior; prevé impacto en derechos humanos

El Universal
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó su preocupación por el contenido de la Ley de Seguridad Interior, y su potencial impacto sobre la protección de los derechos humanos en México, por lo que exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar en cuenta sus señalamientos en las deliberaciones sobre el tema.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad emitieron un documento dirigido a la SCJN, en el que alertaron de los riesgos de esa ley.

“Expresamos nuestra preocupación por el contenido de la Ley de Seguridad Interior, y su potencial impacto sobre la protección de los derechos humanos en México”, enfatizaron.

Manifestaron su preocupación sobre la posibilidad de que la Ley tenga el efecto de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana y exacerbe el nivel de violencia que existe en diferentes partes del país.

“Nos preocupa especialmente que las Fuerzas Armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual cuestiona su capacidad de acción efectiva en tareas de seguridad ciudadana y combate del crimen, y podría favorecer la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, alertaron.

Expresó también su preocupación por el uso en la Ley de conceptos ambiguos como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, los cuales resultan confusos en relación con las obligaciones de México en materia de derechos humanos, y que no contribuyen a clarificar la naturaleza de las acciones que realizarían las autoridades.

“La utilización de conceptos ambiguos podría favorecer una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria de la LSI”, indicaron.

Sobre la inclusión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, criticó que podría hacerse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión.

Destacó también que las investigaciones realizadas en la jurisdicción militar podrían obstaculizar en ocasiones las indagatorias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades civiles, con retrasos en la remisión de casos a la jurisdicción civil, y dificultando la realización de investigaciones que puedan implicar a miembros de las Fuerzas Armadas.

Los seis procedimientos especiales de la ONU señalaron que la ley “faculta en su artículo 27 a las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a personas detenidas, pero no especifica un procedimiento claro para su detención y puesta a disposición de las autoridades, ni establece las garantías procesales necesarias para las personas detenidas, pudiendo ponerlas en riesgo de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”.

Respecto del control y la rendición de cuentas, criticaron que esto sólo se reduce a la obligación del coordinador de las acciones de seguridad interior a mantener informado al Presidente, a través del secretario de Gobernación, y a remitir un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Recordaron que en 2010 el Comité de Derechos Humanos recomendó a México que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública fuera mantenida, en la mayor medida posible, por fuerzas de seguridad civiles y no militares, así como garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas fueran debidamente investigadas y juzgadas por las autoridades civiles.

En medio de la discusión que se está presentando en la SCJN, los seis procedimientos especiales de la ONU “exhortamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar debidamente nuestras preocupaciones en sus discusiones y deliberaciones sobre la Ley de Seguridad Interior”.

Minuto a minuto