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El diputado de Morena Irineo Molina Espinoza propuso establecer en la Constitución la posibilidad de aplicar extinción de dominio de bienes en casos en los que servidores o funcionarios, valiéndose de su posición o cargo, hayan cometido delitos de corrupción.
La iniciativa plantea reformar la fracción II del segundo párrafo del Artículo 22 de la Constitución Política en materia de extinción de dominio, con el fin de fortalecer las acciones y normas que instrumente el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, para combatir de manera significativa la relación o vínculo que pueda existir entre la delincuencia organizada y los servidores públicos.
Desde la máxima tribuna, el legislador dijo que resulta indignante que algunos funcionarios y servidores públicos que han ejercido cargos de elección popular y en general cargos públicos en los tres poderes y niveles de gobierno hayan cometido excesos y abusos.
Agregó que ello constituye delitos, responsabilidad administrativa, daño patrimonial o afectación de la debida función y administración pública en perjuicio del erario y gasto público.
Puso como ejemplo casos de exgobernadores que han desviado fondos públicos, que han manejado presupuestos estatales a su antojo, ignorado las leyes y que han hecho negocios muy redituables al amparo de la clase política.
En la iniciativa se expone la necesidad de generar acciones para inhibir la generación de estas conductas, por lo que se propone modificar el Artículo 22 constitucional y su Ley Reglamentaria de Extinción de Dominio, con el propósito de que proceda dicha figura privativa del derecho de propiedad cuando se comentan delitos por hechos de corrupción.
Este castigo será directamente contra el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de fusiones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito.
La iniciativa plantea reformar la fracción II del segundo párrafo del Artículo 22 de la Constitución Política en materia de extinción de dominio, con el fin de fortalecer las acciones y normas que instrumente el Sistema Nacional Anticorrupción.
Además, para combatir de manera significativa la relación o vínculo que pueda existir entre la delincuencia organizada y los servidores públicos.
Desde la máxima tribuna, el legislador dijo que resulta indignante que algunos funcionarios y servidores públicos que han ejercido cargos de elección popular y en general cargos públicos en los tres poderes y niveles de gobierno hayan cometido excesos y abusos.
Agregó que ello constituye delitos, responsabilidad administrativa, daño patrimonial o afectación de la debida función y administración pública en perjuicio del erario y gasto público.
Puso como ejemplo casos de exgobernadores que han desviado fondos públicos, que han manejado presupuestos estatales a su antojo, ignorado las leyes y que han hecho negocios muy redituables al amparo de la clase política.
En la iniciativa se expone la necesidad de generar acciones para inhibir la generación de estas conductas, por lo que se propone modificar el Artículo 22 constitucional y su Ley Reglamentaria de Extinción de Dominio, con el propósito de que proceda dicha figura privativa del derecho de propiedad cuando se comentan delitos por hechos de corrupción.
Este castigo será directamente contra el ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de fusiones, tráfico de influencia, cohecho, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito.