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Foto: Archivo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, la cual había sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que alertaron que la legislación ponía en riesgo los derechos humanos y perpetuaba un modelo fallido de seguridad.
Durante la sesión de este jueves, nueve ministros, incluido el Ministro presidente, Luis María Aguilar, votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto Jorge Pardo Rebolledo que buscaba reconocer la facultad del Congreso para expedir la legislación.
La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República, sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y ciudadanos, denunció que la Ley fue aprobada por el Congreso, con el apoyo del Gobierno Federal, “para permitir la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, en contra de los establecido en nuestra Constitución”.
Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de declararla inconstitucional; mientras, el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de abrogarla.
“La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y diversos tratados internacionales, pone en riesgo nuestros derechos y perpetúa un modelo de seguridad fallido basado en el uso de la violencia y la militarización de la seguridad pública”, dijeron.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, la cual había sido duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que alertaron que la legislación ponía en riesgo los derechos humanos y perpetuaba un modelo fallido de seguridad.
Durante la sesión de este jueves, nueve ministros, incluido el Ministro presidente, Luis María Aguilar, votaron a favor de la invalidez de la legislación y en contra del proyecto Jorge Pardo Rebolledo que buscaba reconocer la facultad del Congreso para expedir la legislación.
La Ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Senado de la República, sin embargo, de inmediato fue impugnada por diversas organizaciones y organismos, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Colectivo Seguridad sin Guerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y ciudadanos, denunció que la Ley fue aprobada por el Congreso, con el apoyo del Gobierno Federal, “para permitir la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, en contra de los establecido en nuestra Constitución”.
Las organizaciones recordaron que la Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de declararla inconstitucional; mientras, el nuevo Congreso tendrá la responsabilidad de abrogarla.
“La Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y diversos tratados internacionales, pone en riesgo nuestros derechos y perpetúa un modelo de seguridad fallido basado en el uso de la violencia y la militarización de la seguridad pública”, dijeron.