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El coordinador de la Unidad Legal de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, solicitó al Senado mexicano eliminar de la Constitución y de otras leyes las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa.
En el marco de una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, argumentó que estas dos figuras son contrarias a los derechos humanos; "para nosotros ambas figuras tienen que ser extirpadas del régimen jurídico mexicano”.
Respecto al tema del arraigo, indicó que se trata de una figura abiertamente violatoria de los derechos humanos porque vulnera el derecho a la libertad personal y trastoca las reglas del debido proceso, particularmente en la presunción de inocencia.
Ante legisladores de todos las bancadas, el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que ese tema afecta otros derechos, como el de la integridad personal al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad frente a órganos de seguridad y procuración de justicia.
En el tema de prisión preventiva oficiosa, dijo que quebranta el derecho a la libertad personal, vinculado al principio de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del debido proceso, resulta ser una medida cautelar de las más restrictivas que existen y de aplicación automática.
“Como oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alentamos al Congreso de la Unión a que elimine la prisión preventiva oficiosa y que bajo ninguna circunstancia extienda los delitos que hoy ya erróneamente y de forma incompatible con las obligaciones internacionales se contemplan en la Constitución", expresó.
García Campos indicó que hay más de 20 recomendaciones internacionales relativas a la eliminación del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa hechas por aproximadamente 13 organismos internacionales, especializados en la defensa de las garantías individuales.
En el marco de una reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, argumentó que estas dos figuras son contrarias a los derechos humanos; "para nosotros ambas figuras tienen que ser extirpadas del régimen jurídico mexicano”.
Respecto al tema del arraigo, indicó que se trata de una figura abiertamente violatoria de los derechos humanos porque vulnera el derecho a la libertad personal y trastoca las reglas del debido proceso, particularmente en la presunción de inocencia.
Ante legisladores de todos las bancadas, el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expuso que ese tema afecta otros derechos, como el de la integridad personal al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad frente a órganos de seguridad y procuración de justicia.
En el tema de prisión preventiva oficiosa, dijo que quebranta el derecho a la libertad personal, vinculado al principio de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del debido proceso, resulta ser una medida cautelar de las más restrictivas que existen y de aplicación automática.
“Como oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alentamos al Congreso de la Unión a que elimine la prisión preventiva oficiosa y que bajo ninguna circunstancia extienda los delitos que hoy ya erróneamente y de forma incompatible con las obligaciones internacionales se contemplan en la Constitución", expresó.
García Campos indicó que hay más de 20 recomendaciones internacionales relativas a la eliminación del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa hechas por aproximadamente 13 organismos internacionales, especializados en la defensa de las garantías individuales.