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Personal de la UMF No. 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negó a realizarle un aborto a una adolescente con discapacidad intelectual de 15 años de edad que fue agredida sexualmente, porque “según la Norma Oficial” no era posible, lo cual puso en riesgo la vida de la fémina, reveló una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la misma indagatoria, señaló que los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizaron diligencias adecuadas para agilizar el aborto de la menor, víctima de violación pese a que la progenitora hizo la petición formal.
Por lo anterior, emitió la Recomendación 49/2018 dirigida a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS.
De acuerdo con el documento, el 28 de junio de 2017 la madre acudió con su hija a la clínica 01, en compañía de una trabajadora social del Centro de Justicia para Mujeres (CJM), para solicitar la interrupción del embarazo, obstante, ahí les dijeron que debían consultar el caso, dándoles cita para el 3 de julio de 2017.
Ese día, una trabajadora social les dijo que “según la Norma Oficial” no era posible acceder a su petición de interrupción del embarazo de su hija, ya que el personal del IMSS puede excusarse de ejecutar lo solicitado.
Posteriormente, el 7 de julio de 2017, un médico le refirió mediante un oficio: “nos encontramos imposibilitados jurídicamente y normativamente para realizar dentro de las instalaciones del IMSS la petición de interrupción de embarazo a su menor hija”.
El Dictamen Médico Forense del 4 de junio de 2018, elaborado por personal médico de la CNDH, determinó que la negativa del IMSS de practicar la interrupción del embarazo a la joven puso en riesgo su integridad física.
Según dictamen psicológico de la Fiscalía, concluyó que la víctima se encontraba orientada en espacio y persona, pero “no posee la capacidad de entender ni comprender la magnitud de los hechos narrados y que refirió vivir con su agresor ya que posee retraso mental y su maduración neurológica corresponde a una persona de cinco años y tres meses de edad”.
Fue hasta el 8 de julio de 2017, cuando la pequeña y su mamá acudieron al Hospital del Niño y la Mujer, donde le aplicaron el aborto voluntario, al ser producto de una violación, por lo que se dio cumplimiento a la NOM-046-SSA2-2005.
A Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS le recomendó: reparación integral que incluya compensación justa, atención médica y psicológica; colaborar en los procedimientos administrativos contra los funcionarios; capacitar al personal médico en derechos humanos; e inscribir a la adolescente en el Registro Nacional de Víctimas.
A su vez, a Garza Herrera: continuar las diligencias para integrar y determinar la carpeta de investigación; colaborar en el procedimiento administrativo que se inicie contra el agente del Ministerio Público; emitir un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género y discapacidad; y determinar si hay suficientes agentes adscritos a la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales.
En la misma indagatoria, señaló que los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) no realizaron diligencias adecuadas para agilizar el aborto de la menor, víctima de violación pese a que la progenitora hizo la petición formal.
Por lo anterior, emitió la Recomendación 49/2018 dirigida a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS.
De acuerdo con el documento, el 28 de junio de 2017 la madre acudió con su hija a la clínica 01, en compañía de una trabajadora social del Centro de Justicia para Mujeres (CJM), para solicitar la interrupción del embarazo, obstante, ahí les dijeron que debían consultar el caso, dándoles cita para el 3 de julio de 2017.
Ese día, una trabajadora social les dijo que “según la Norma Oficial” no era posible acceder a su petición de interrupción del embarazo de su hija, ya que el personal del IMSS puede excusarse de ejecutar lo solicitado.
Posteriormente, el 7 de julio de 2017, un médico le refirió mediante un oficio: “nos encontramos imposibilitados jurídicamente y normativamente para realizar dentro de las instalaciones del IMSS la petición de interrupción de embarazo a su menor hija”.
El Dictamen Médico Forense del 4 de junio de 2018, elaborado por personal médico de la CNDH, determinó que la negativa del IMSS de practicar la interrupción del embarazo a la joven puso en riesgo su integridad física.
Según dictamen psicológico de la Fiscalía, concluyó que la víctima se encontraba orientada en espacio y persona, pero “no posee la capacidad de entender ni comprender la magnitud de los hechos narrados y que refirió vivir con su agresor ya que posee retraso mental y su maduración neurológica corresponde a una persona de cinco años y tres meses de edad”.
Fue hasta el 8 de julio de 2017, cuando la pequeña y su mamá acudieron al Hospital del Niño y la Mujer, donde le aplicaron el aborto voluntario, al ser producto de una violación, por lo que se dio cumplimiento a la NOM-046-SSA2-2005.
A Tuffic Miguel Ortega, director general del IMSS le recomendó: reparación integral que incluya compensación justa, atención médica y psicológica; colaborar en los procedimientos administrativos contra los funcionarios; capacitar al personal médico en derechos humanos; e inscribir a la adolescente en el Registro Nacional de Víctimas.
A su vez, a Garza Herrera: continuar las diligencias para integrar y determinar la carpeta de investigación; colaborar en el procedimiento administrativo que se inicie contra el agente del Ministerio Público; emitir un protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género y discapacidad; y determinar si hay suficientes agentes adscritos a la Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales.
