Human Rights Watch denuncia detenciones de 40 activistas egipcios

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Al menos 40 defensores de derechos humanos, entre ellos abogados y activistas políticos, han sido detenidos arbitrariamente desde finales de octubre pasado por parte de la Policía y la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto, denunció hoy la organización Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado difundido en su página web, HRW destacó que las detenciones se produjeron sin órdenes judiciales y que las familias no han sido informadas sobre el paradero de los activistas, lo que podría suponer casos de “desaparición forzada”.

Resaltó que “muchos de los arrestados eran personas que brindaban apoyo legal y humanitario a los familiares de los presos políticos”.

“La represión de las agencias de seguridad egipcias ahora se extiende a la desaparición forzada de aquellos hombres y mujeres valientes que han estado tratando de proteger a los desaparecidos y poner fin a esta práctica abusiva”, dijo Michael Page, subdirector de Medio Oriente y Norte de África de HRW.

“El gobierno aparentemente quiere aplastar lo que queda de la sociedad civil egipcia”, indicó HRW, que ha recibido informaciones de hasta 80 detenciones, pero que solo ha podido verificar 40, entre ellas de ocho mujeres.

Según la organización, los arrestos se llevaron a cabo en redadas domiciliarias, con la excepción de una mujer detenida en el aeropuerto de El Cairo cuando intentaba viajar al extranjero.

Algunos de los apresados tienen relación con la Coordinadora Egipcia de Derechos y Libertades (ECRF, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que ha sufrido campañas de desprestigio en medios afines al gobierno durante los últimos meses.

Entre los 40 detenidos figuran Mohamed Abu Hourayra, ex portavoz de la ECRF; su esposa Aisha Jairat al Shater, activista pro-Hermandad Musulmana; el abogado Ezzat Ghoniem y Soumayya Nassef, una activista de derechos humanos.

Los arrestos se producen a pesar de que el presidente, Abdel Fatah al Sisi, ordenó una revisión de la ley de 2017 que restringe las actividades de las organizaciones no gubernamentales.