A-AA+
Las defensorías del pueblo de México, Guatemala, El Salvador y Honduras instaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que interceda ante el gobierno de Estados Unidos para que se abstenga de "expulsiones colectivas" y garantice "el derecho a solicitar y recibir asilo" de los miles de centroamericanos de la caravana de migrantes que están en la frontera mexicano—estadounidense o se acercan al sector limítrofe.
La gestión fue planteada ante la CIDH por las principales instancias estatales de defensoría de los habitantes de los cuatro países: la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.
En un documento conjunto, las cuatro exhortaron a la Comisión, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, "a asegurar el cumplimiento de sus recomendaciones" a los gobiernos de México y EU para "adoptar medidas de protección a los integrantes del fenómeno migratorio masivo, mixto y complejo" que es identificado como "Caravana de Migrantes".
La iniciativa fue presentada la semana anterior pero los detalles fueron revelados hoy por el Comisionado de Honduras a EL UNIVERSAL.
Las defensorías coordinaron múltiples acciones en medio de una de las más graves crisis migratorias regionales desde que una primera caravana con centenares de hondureños salió el 13 de octubre, a pie y sin visa de EU, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, Honduras, hacia Guatemala y México.
Peligros.
Las cuatro urgieron a la CIDH a "garantizar, a través de procedimientos justos y eficaces, el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que tengan un temor fundado de persecución en caso de retorno a su país de origen o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público".
Bajo los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, México y EU "deben fortalecer y movilizar rápidamente al personal y los recursos que sean necesarios para que los sistemas nacionales de asilo respondan de manera adecuada y eficaz a las solicitudes de asilo y protección complementaria que se presenten", agregaron.
Asimismo, solicitaron respetar los principios y derechos a la "prohibición de expulsiones colectivas", a la "no devolución" y a la "prohibición de rechazo en frontera y para tal efecto realizar un análisis de las condiciones particulares y las necesidades de protección internacional y de protección especial que tengan las personas que integran la caravana de migrantes a efectos de determinar si deben ser reconocidas como refugiadas o si requieren protección complementaria".
También demandaron establecer mecanismos para identificar a personas con necesidades específicas de protección, en particular mujeres, niños y niñas, así como a las mayores, a las que sufren discapacidad y a las de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travestis, Transgénero, Bisexual e Intersexual (LGTBI).
Las defensorías abogaron ante la CIDH para "garantizar que los retornos se realicen sobre la base de un verdadero consentimiento plenamente informado y válido de parte de las personas migrantes, de manera digna y segura, garantizando el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas y la adopción de medidas adecuadas para la evaluación de sus necesidades y su reintegración en el país de origen".
Insistieron en "proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con organismos internacionales como el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), así como las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil".
La gestión fue planteada ante la CIDH por las principales instancias estatales de defensoría de los habitantes de los cuatro países: la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.
En un documento conjunto, las cuatro exhortaron a la Comisión, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, "a asegurar el cumplimiento de sus recomendaciones" a los gobiernos de México y EU para "adoptar medidas de protección a los integrantes del fenómeno migratorio masivo, mixto y complejo" que es identificado como "Caravana de Migrantes".
La iniciativa fue presentada la semana anterior pero los detalles fueron revelados hoy por el Comisionado de Honduras a EL UNIVERSAL.
Las defensorías coordinaron múltiples acciones en medio de una de las más graves crisis migratorias regionales desde que una primera caravana con centenares de hondureños salió el 13 de octubre, a pie y sin visa de EU, de la norteña ciudad de San Pedro Sula, Honduras, hacia Guatemala y México.
Peligros.
Las cuatro urgieron a la CIDH a "garantizar, a través de procedimientos justos y eficaces, el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que tengan un temor fundado de persecución en caso de retorno a su país de origen o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público".
Bajo los términos de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, México y EU "deben fortalecer y movilizar rápidamente al personal y los recursos que sean necesarios para que los sistemas nacionales de asilo respondan de manera adecuada y eficaz a las solicitudes de asilo y protección complementaria que se presenten", agregaron.
Asimismo, solicitaron respetar los principios y derechos a la "prohibición de expulsiones colectivas", a la "no devolución" y a la "prohibición de rechazo en frontera y para tal efecto realizar un análisis de las condiciones particulares y las necesidades de protección internacional y de protección especial que tengan las personas que integran la caravana de migrantes a efectos de determinar si deben ser reconocidas como refugiadas o si requieren protección complementaria".
También demandaron establecer mecanismos para identificar a personas con necesidades específicas de protección, en particular mujeres, niños y niñas, así como a las mayores, a las que sufren discapacidad y a las de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travestis, Transgénero, Bisexual e Intersexual (LGTBI).
Las defensorías abogaron ante la CIDH para "garantizar que los retornos se realicen sobre la base de un verdadero consentimiento plenamente informado y válido de parte de las personas migrantes, de manera digna y segura, garantizando el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas y la adopción de medidas adecuadas para la evaluación de sus necesidades y su reintegración en el país de origen".
Insistieron en "proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción, en coordinación con organismos internacionales como el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), así como las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil".