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Integrantes de la iniciativa privada de San Luis Potosí, agremiados en 10 cámaras empresariales, respaldaron las denuncias penales y administrativas, anunciadas en días anteriores por la administración capitalina en contra de la gestión antecesora, es decir, del gobierno del perredista Ricardo Gallardo Juárez.
A través de un desplegado publicado ayer en medios de información impresa, rememoraron que el Ayuntamiento capitalino dio a conocer la detección de más de mil 483 observaciones y presuntas irregularidades durante el proceso de entrega-recepción.
Los empresarios reiteraron que brindan su voto de confianza al gobierno del panista Xavier Nava Palacios sobre las acciones legales, mismas que deben seguir una investigación apegada a derecho.
Sentenciaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción local deben actuar y dar respuesta a la sociedad potosina, dado que trata de asuntos relacionados con el manejo del erario.
Asentaron que los “abusos” y los “excesos” de los servidores gubernamentales “deben” combatirse con “sanciones ejemplares” en materia administrativa, así como de índole penal de ser el caso. “Hemos sido testigos que se hacen las denuncias, y pasan los meses y años que no se resuelven y no se actúa en contra de todos aquellos servidores públicos y ex servidores públicos que incurrieron en una falta al erario”, expresaron.
El señalamiento es respaldado por: las Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac. Además de la UUZI, IPAC, AMPI, Coparmex) y la Aderiac.
A través de un desplegado publicado ayer en medios de información impresa, rememoraron que el Ayuntamiento capitalino dio a conocer la detección de más de mil 483 observaciones y presuntas irregularidades durante el proceso de entrega-recepción.
Los empresarios reiteraron que brindan su voto de confianza al gobierno del panista Xavier Nava Palacios sobre las acciones legales, mismas que deben seguir una investigación apegada a derecho.
Sentenciaron que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción local deben actuar y dar respuesta a la sociedad potosina, dado que trata de asuntos relacionados con el manejo del erario.
Asentaron que los “abusos” y los “excesos” de los servidores gubernamentales “deben” combatirse con “sanciones ejemplares” en materia administrativa, así como de índole penal de ser el caso. “Hemos sido testigos que se hacen las denuncias, y pasan los meses y años que no se resuelven y no se actúa en contra de todos aquellos servidores públicos y ex servidores públicos que incurrieron en una falta al erario”, expresaron.
El señalamiento es respaldado por: las Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac. Además de la UUZI, IPAC, AMPI, Coparmex) y la Aderiac.
