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El influyente empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, asociado con el gobierno de Venezuela, fue acusado por autoridades estadunidenses de pagar millonarios sobornos para operar un sistema manipulado de cambio de divisas en aquel país, y lavar miles de millones más.
El Departamento de Justicia agregó que otros dos implicados en el esquema se declararon culpables en diciembre pasado en relación con estas acusaciones: Alejandro Andrade Cedeño, extesorero Nacional de Venezuela, y Gabriel Arturo Jiménez Array, aunque la causa se mantuvo en secreto hasta este lunes.
Gorrín fue encausado el 16 de agosto de 2017 en una corte del Distrito Sur de Florida, donde el gobierno estadunidense presentó una acusación por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.
La Casa Blanca lo acusa de haber pagado millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, a fin de obtener los derechos exclusivos para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano, y así recibir millonarias ganancias.
Además de transferir dinero para esos funcionarios, Gorrín es acusado de comprar y pagar gastos para ellos, incluyendo jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta joyería y ropa, lo que ocultó mediante pagos a través de múltiples compañías ficticias.
La acusación alega que el empresario presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, de la República Dominicana, a fin de lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan.
Como parte de un acuerdo con las autoridades estadunidenses, Andrade accedió el decomiso de mil millones de dólares, así como otras ganancias obtenidas de ese esquema criminal, además de otros bienes que incluyen casas y caballos de carreras.
Su sentencia está prevista para el 29 de noviembre, al igual que la de Jiménez, quien admitió haber conspirado con Gorrín y otros para comprar el Banco Peravia, con el propósito de lavar dinero.
En 2013, Gorrín compró el canal de noticias Globovision, que entonces era parte de las voces criticas contra el gobierno chavista, pero fue acusado de haberlo transformado en un medio sometido al régimen a través de cambios en su programación y su línea editorial.
El Departamento de Justicia agregó que otros dos implicados en el esquema se declararon culpables en diciembre pasado en relación con estas acusaciones: Alejandro Andrade Cedeño, extesorero Nacional de Venezuela, y Gabriel Arturo Jiménez Array, aunque la causa se mantuvo en secreto hasta este lunes.
Gorrín fue encausado el 16 de agosto de 2017 en una corte del Distrito Sur de Florida, donde el gobierno estadunidense presentó una acusación por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.
La Casa Blanca lo acusa de haber pagado millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, a fin de obtener los derechos exclusivos para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano, y así recibir millonarias ganancias.
Además de transferir dinero para esos funcionarios, Gorrín es acusado de comprar y pagar gastos para ellos, incluyendo jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta joyería y ropa, lo que ocultó mediante pagos a través de múltiples compañías ficticias.
La acusación alega que el empresario presuntamente se asoció con Jiménez para adquirir el Banco Peravia, de la República Dominicana, a fin de lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias del plan.
Como parte de un acuerdo con las autoridades estadunidenses, Andrade accedió el decomiso de mil millones de dólares, así como otras ganancias obtenidas de ese esquema criminal, además de otros bienes que incluyen casas y caballos de carreras.
Su sentencia está prevista para el 29 de noviembre, al igual que la de Jiménez, quien admitió haber conspirado con Gorrín y otros para comprar el Banco Peravia, con el propósito de lavar dinero.
En 2013, Gorrín compró el canal de noticias Globovision, que entonces era parte de las voces criticas contra el gobierno chavista, pero fue acusado de haberlo transformado en un medio sometido al régimen a través de cambios en su programación y su línea editorial.
