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El Segundo Visitador General de la CNDH, Enrique Guadarrama López opinó que las acciones de carácter reactivo sustentadas en el uso de la fuerza, como la creación de una Guardia Nacional, contraviene lo previsto en la Constitución.
También contraviene los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito.
Al participar en el Seminario Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal, dijo que México requiere acciones urgentes en los que la reflexión y el intercambio plural e informado de ideas y experiencias permitan generar insumos para alcanzar soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta el país para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos.
En este marco, el funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que México necesita más y mejor seguridad, "pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho".
Esto es, que las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, y que los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática, enfatizó.
Para Guadarrama López dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.
En México no solo requerimos pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo cual deben generarse las condiciones para que su construcción sea posible, lo que implica una institucionalidad fuerte, hacer vigente el Estado de Derecho, y lograr una estructura burocrática profesional y eficiente.
También reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y el acceso a la información, lograr una sociedad con niveles altos de educación, promover la solidaridad y la cohesión social, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.
Se requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas, recalcó.
Explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.
También contraviene los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho ámbito.
Al participar en el Seminario Verdad, Memoria y Justicia en Contextos de Violencia Criminal, dijo que México requiere acciones urgentes en los que la reflexión y el intercambio plural e informado de ideas y experiencias permitan generar insumos para alcanzar soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta el país para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos.
En este marco, el funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que México necesita más y mejor seguridad, "pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho".
Esto es, que las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, y que los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias ni discrecionales. Nuestro país no debe renunciar a la institucionalidad civil y democrática, enfatizó.
Para Guadarrama López dejar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta.
En México no solo requerimos pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo cual deben generarse las condiciones para que su construcción sea posible, lo que implica una institucionalidad fuerte, hacer vigente el Estado de Derecho, y lograr una estructura burocrática profesional y eficiente.
También reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y el acceso a la información, lograr una sociedad con niveles altos de educación, promover la solidaridad y la cohesión social, así como generar esquemas que disminuyan las desigualdades y la exclusión.
Se requiere una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad de escuchar a las víctimas, atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos, al igual que los de todas las demás personas, recalcó.
Explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores no es algo optativo o negociable, sino una realidad ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y acceder a la justicia que se le ha negado a México durante tantos años.