A-AA+
En lo que va del año suman 327 policías asesinados en 28 Estados, entre agentes municipales, estatales y federales. Entre los 10 Estados más peligrosos destacan Ciudad de México, con 15 agentes caídos, Jalisco, que registra 131 y San Luis Potosí, que con el agente de la Policía Ministerial asesinado ayer al frustrar un asalto, llegó a 11.
La entidad que encabeza la lista con más crímenes es Guanajuato, con 60 ejecuciones, continuándole Estado de México (30), Guerrero (32), Puebla (27) y Veracruz (22).
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las ejecuciones son la principal causa por la que los elementos pierden la vida en cumplimiento de su deber. Mientras los enfrentamientos van a la baja, las agresiones directas del crimen organizado y de delincuentes comunes contra los agentes registran una tendencia alcista, si se compara con los eventos suscitados en 2017.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indica que entre los factores que provocan estos asesinatos están el cobro de represalias o las fallas en la forma de proceder de los oficiales durante su servicio, o cuando llevan a cabo alguna detención.
La CNS anunció en junio un homenaje nacional a los policías caídos; sin embargo, sigue pendiente. De acuerdo con información solicitada a los Gobiernos estatales, algunos municipios de los Estados referidos concentran el mayor número de homicidios. Se trata de Amatlán de los Reyes (Veracruz), con 15 casos, o Salamanca (Guanajuato), con 12, en el mismo periodo.
Sobresale Manzanillo, Colima, con siete casos, así como Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California) y Guayas (Sonora), con seis homicidios cada uno. Mientras que en Capullo, Guerrero –considerada la tercera ciudad más violenta del mundo, según la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal– se reportan cinco.
Las Entidades que a la fecha no reportan ningún asesinato son Aguascalientes, Campeche, Querétaro y Yucatán.
Respecto a los militares, entre enero y septiembre pasados también hay muertes durante la campaña permanente contra el narcotráfico. Nueve fallecieron por agresión de arma de fuego en Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa.
Desprotegidos
La impunidad en el sistema de justicia penal y los vacíos institucionales ocasionan que los delincuentes no se detengan al momento de agredir a un policía, ya que saben que las capacidades de investigación por parte de la autoridad son mínimas y no existe gran probabilidad de que sean detenidos y procesados, explica el investigador del Colegio de Jalisco, Guillermo Zepeda Lecuona.
Remarca el caso de Estados Unidos: si una persona asesina a un policía de cualquier nivel, automáticamente se convierte en un delito federal que investiga el FBI, situación que provoca que los delincuentes no se atrevan a atentar contra él, pues saben que la probabilidad de ser arrestados es demasiado alta.
“Antes, aquí en México había cierto temor de que el Estado le diera prioridad a esas investigaciones, los propios policías montaban operativos para dar con los responsables, pero hay una expectativa de impunidad que cada vez se detienen menos”.
Para el especialista en temas de seguridad y estado de Derecho, es necesario que las corporaciones brinden certeza a sus elementos mediante el equipamiento adecuado, con la finalidad de que se sientan protegidos, ya que en la mayoría de los casos los delincuentes cuentan con mejores armas que los oficiales.
De acuerdo con el coordinador de la Carrera de criminalística de la Universidad de Guadalajara, David Quiñones Soto, es fundamental que existan sentencias condenatorias severas para aquellos que atenten contra un policía y que, a su vez, éstas sean aplicadas eficazmente, pues hasta ahora pareciera que los criminales han perdido el miedo a cometer tales crímenes.
Iván Chávez, representante de la asociación Ciudadanos Uniformados, refiere que, el que no existan estadísticas claras y abiertas sobre los asesinatos de policías en el país, se convierte en una discriminación que no permite visualizar el problema e impide trabajar en estrategias adecuadas para erradicar este problema, además de que no se brindan las garantías jurídicas.
“Lo que menos tenemos visible son las condiciones en las que trabajan los policías. Pareciera que a la autoridad no le importa que maten a sus policías”.
Por su parte, el presidente de la asociación SOS Jalisco, Anuar García, agrega que el sector policial, además de ser uno de los más olvidados en la cadena de la seguridad pública, también es juzgado y menospreciado por su labor, a pesar de que sus integrantes no cuentan con las herramientas necesarias. “Los están matando porque no están ni capacitados. Muchos policías ni siquiera tienen balas porque tienen que comprarlas ellos. Los están matando porque nadie les ha puesto la debida atención”.
La entidad que encabeza la lista con más crímenes es Guanajuato, con 60 ejecuciones, continuándole Estado de México (30), Guerrero (32), Puebla (27) y Veracruz (22).
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las ejecuciones son la principal causa por la que los elementos pierden la vida en cumplimiento de su deber. Mientras los enfrentamientos van a la baja, las agresiones directas del crimen organizado y de delincuentes comunes contra los agentes registran una tendencia alcista, si se compara con los eventos suscitados en 2017.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, indica que entre los factores que provocan estos asesinatos están el cobro de represalias o las fallas en la forma de proceder de los oficiales durante su servicio, o cuando llevan a cabo alguna detención.
La CNS anunció en junio un homenaje nacional a los policías caídos; sin embargo, sigue pendiente. De acuerdo con información solicitada a los Gobiernos estatales, algunos municipios de los Estados referidos concentran el mayor número de homicidios. Se trata de Amatlán de los Reyes (Veracruz), con 15 casos, o Salamanca (Guanajuato), con 12, en el mismo periodo.
Sobresale Manzanillo, Colima, con siete casos, así como Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California) y Guayas (Sonora), con seis homicidios cada uno. Mientras que en Capullo, Guerrero –considerada la tercera ciudad más violenta del mundo, según la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal– se reportan cinco.
Las Entidades que a la fecha no reportan ningún asesinato son Aguascalientes, Campeche, Querétaro y Yucatán.
Respecto a los militares, entre enero y septiembre pasados también hay muertes durante la campaña permanente contra el narcotráfico. Nueve fallecieron por agresión de arma de fuego en Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa.
Desprotegidos
La impunidad en el sistema de justicia penal y los vacíos institucionales ocasionan que los delincuentes no se detengan al momento de agredir a un policía, ya que saben que las capacidades de investigación por parte de la autoridad son mínimas y no existe gran probabilidad de que sean detenidos y procesados, explica el investigador del Colegio de Jalisco, Guillermo Zepeda Lecuona.
Remarca el caso de Estados Unidos: si una persona asesina a un policía de cualquier nivel, automáticamente se convierte en un delito federal que investiga el FBI, situación que provoca que los delincuentes no se atrevan a atentar contra él, pues saben que la probabilidad de ser arrestados es demasiado alta.
“Antes, aquí en México había cierto temor de que el Estado le diera prioridad a esas investigaciones, los propios policías montaban operativos para dar con los responsables, pero hay una expectativa de impunidad que cada vez se detienen menos”.
Para el especialista en temas de seguridad y estado de Derecho, es necesario que las corporaciones brinden certeza a sus elementos mediante el equipamiento adecuado, con la finalidad de que se sientan protegidos, ya que en la mayoría de los casos los delincuentes cuentan con mejores armas que los oficiales.
De acuerdo con el coordinador de la Carrera de criminalística de la Universidad de Guadalajara, David Quiñones Soto, es fundamental que existan sentencias condenatorias severas para aquellos que atenten contra un policía y que, a su vez, éstas sean aplicadas eficazmente, pues hasta ahora pareciera que los criminales han perdido el miedo a cometer tales crímenes.
Iván Chávez, representante de la asociación Ciudadanos Uniformados, refiere que, el que no existan estadísticas claras y abiertas sobre los asesinatos de policías en el país, se convierte en una discriminación que no permite visualizar el problema e impide trabajar en estrategias adecuadas para erradicar este problema, además de que no se brindan las garantías jurídicas.
“Lo que menos tenemos visible son las condiciones en las que trabajan los policías. Pareciera que a la autoridad no le importa que maten a sus policías”.
Por su parte, el presidente de la asociación SOS Jalisco, Anuar García, agrega que el sector policial, además de ser uno de los más olvidados en la cadena de la seguridad pública, también es juzgado y menospreciado por su labor, a pesar de que sus integrantes no cuentan con las herramientas necesarias. “Los están matando porque no están ni capacitados. Muchos policías ni siquiera tienen balas porque tienen que comprarlas ellos. Los están matando porque nadie les ha puesto la debida atención”.