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Foto: Archivo
Esta tarde de miércoles, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que el hallazgo de porciones petrosas de huesos constituye un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, por el caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
En la presentación de la investigación por Violaciones Graves a Derechos Humanos por el caso Iguala, indicó que el análisis genético de dichos fragmentos óseos resulta indispensable en la investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, persiste una serie de desafíos ante hechos como el que existe una investigación fragmentada, incompleta, sin una directriz clara investigativa.
Así como falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, además de falta de aprehensiones de actores estatales por acción u omisión.
En el Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial), en el marco de su séptima visita oficial a México, realizada el 26 de noviembre de 2018, la CIDH resaltó que "preocupa que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Coculoa, a pesar de lo señalado por esta comisión, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)".
El MESA llamó a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos.
"Además, para la CIDH es fundamental que se cuente con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en el estado de Guerrero para facilitar las búsquedas y para contar con un análisis comprehensivo del contexto de la desaparición en Guerrero. Si bien se han realizado esfuerzos en aspecto, estos son aún iniciales", destacó.
Respecto a la investigación, la CIDH subrayó que toma nota que se haya recopilado una amplia cantidad de información en la investigación que conduce la Procuraduría General de la República (PGR).
"La Comisión observa la inclusión de averiguaciones previas en el expediente principal provenientes desde la Fiscalía de Guerrero y de otras subprocuradurías de la PGR; así como la información recibida por medio de las asistencias jurídicas internacionales entre México y Estados Unidos que podrían aportar datos relevantes en la investigación que deben ser profundizados", indicó.
La CIDH observó que tres mecanismos de coordinación – Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS) – que por sus características concentran acciones coordinadas de autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre, lo que requiere ser profundizado.
Sobre la investigación de miembros del 27 Batallón, el informe da cuenta del seguimiento que se habría realizado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva. En relación con las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente.
En relación con la investigación sobre las policías municipales, la CIDH consideró necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala.
La CIDH observó que existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, por tal razón es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías.
La Comisión recomendó que, en relación a la Policía Federal, se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR.
Asimismo, que se debe clarificar la cadena de mando, el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la Policía Federal (PF) en el estado con integrantes de Guerreros Unidos.
Además, el Estado debe continuar con las acciones de investigación que permitan presentar consignaciones más sólidas, en relación a la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la procuraduría local.
De igual manera, en relación con la Policía Estatal, se deben esclarecer las acciones emprendidas por este cuerpo de seguridad, a partir del presunto resguardo en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL).
Ello, en contraste con las declaraciones que mencionan la presencia de esta policía en varios escenarios donde ocurrieron los hechos de violencia, situación que presenta serias dudas sobre las razones del resguardo de dichas instalaciones en la noche de los hechos y la instrucción dada por las autoridades superiores estatales.
Sobre telefonía, la PGR ha identificado nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales.
"Por ello, se recomienda seguir con el análisis de esta información, por la obtención de dato para determinar de manera objetiva el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos. En cuanto a la balística es necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de 9 fusiles adicionales relacionados con los hechos del caso, que se encontrarían resguardados por la PGR".
En relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH observó la falta de avances. Por ejemplo, sigue pendiente de resolverse un recurso de amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el río San Juan.
Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales. Otros temas pendientes son la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas.
Por otra parte, el Informe del Mecanismo Especial da cuenta de las medidas para la Atención a Víctimas sobre las cuáles la CIDH toma nota de la atención brindada a Edgar Vargas y a Aldo Gutiérrez Solano, y exhorta al Estado mexicano para implementar las recomendaciones del Informe Yo sólo quería que amaneciera, así como seguir dando atención médica permanente y a las medidas de asistencia requeridas.
Respecto a las medidas de no repetición, "el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva".
Esta tarde de miércoles, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, informó que el hallazgo de porciones petrosas de huesos constituye un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, por el caso de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
En la presentación de la investigación por Violaciones Graves a Derechos Humanos por el caso Iguala, indicó que el análisis genético de dichos fragmentos óseos resulta indispensable en la investigación.
Persisten desafíos, afirma la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, persiste una serie de desafíos ante hechos como el que existe una investigación fragmentada, incompleta, sin una directriz clara investigativa.
Así como falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada, además de falta de aprehensiones de actores estatales por acción u omisión.
En el Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial), en el marco de su séptima visita oficial a México, realizada el 26 de noviembre de 2018, la CIDH resaltó que "preocupa que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Coculoa, a pesar de lo señalado por esta comisión, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)".
El MESA llamó a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos.
"Además, para la CIDH es fundamental que se cuente con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en el estado de Guerrero para facilitar las búsquedas y para contar con un análisis comprehensivo del contexto de la desaparición en Guerrero. Si bien se han realizado esfuerzos en aspecto, estos son aún iniciales", destacó.
Respecto a la investigación, la CIDH subrayó que toma nota que se haya recopilado una amplia cantidad de información en la investigación que conduce la Procuraduría General de la República (PGR).
"La Comisión observa la inclusión de averiguaciones previas en el expediente principal provenientes desde la Fiscalía de Guerrero y de otras subprocuradurías de la PGR; así como la información recibida por medio de las asistencias jurídicas internacionales entre México y Estados Unidos que podrían aportar datos relevantes en la investigación que deben ser profundizados", indicó.
La CIDH observó que tres mecanismos de coordinación – Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS) – que por sus características concentran acciones coordinadas de autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre, lo que requiere ser profundizado.
Sobre la investigación de miembros del 27 Batallón, el informe da cuenta del seguimiento que se habría realizado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva. En relación con las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente.
En relación con la investigación sobre las policías municipales, la CIDH consideró necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala.
La CIDH observó que existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, por tal razón es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías.
La Comisión recomendó que, en relación a la Policía Federal, se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR.
Asimismo, que se debe clarificar la cadena de mando, el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la Policía Federal (PF) en el estado con integrantes de Guerreros Unidos.
Además, el Estado debe continuar con las acciones de investigación que permitan presentar consignaciones más sólidas, en relación a la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la procuraduría local.
De igual manera, en relación con la Policía Estatal, se deben esclarecer las acciones emprendidas por este cuerpo de seguridad, a partir del presunto resguardo en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL).
Ello, en contraste con las declaraciones que mencionan la presencia de esta policía en varios escenarios donde ocurrieron los hechos de violencia, situación que presenta serias dudas sobre las razones del resguardo de dichas instalaciones en la noche de los hechos y la instrucción dada por las autoridades superiores estatales.
Sobre telefonía, la PGR ha identificado nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales.
"Por ello, se recomienda seguir con el análisis de esta información, por la obtención de dato para determinar de manera objetiva el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos. En cuanto a la balística es necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de 9 fusiles adicionales relacionados con los hechos del caso, que se encontrarían resguardados por la PGR".
En relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH observó la falta de avances. Por ejemplo, sigue pendiente de resolverse un recurso de amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el río San Juan.
Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales. Otros temas pendientes son la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas.
Por otra parte, el Informe del Mecanismo Especial da cuenta de las medidas para la Atención a Víctimas sobre las cuáles la CIDH toma nota de la atención brindada a Edgar Vargas y a Aldo Gutiérrez Solano, y exhorta al Estado mexicano para implementar las recomendaciones del Informe Yo sólo quería que amaneciera, así como seguir dando atención médica permanente y a las medidas de asistencia requeridas.
Respecto a las medidas de no repetición, "el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva".