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El Congreso del Estado maneja las declaraciones 3 de 3 de los legisladores en la más completa opacidad, pues la mayor parte de su contenido está oculto, aún en los pocos casos en los que los diputados autorizaron la difusión de sus datos. Y esa poca información revelada genera confusión, pues en el caso del salario recibido por los congresistas, hay 13 cifras distintas, que van desde los 0 pesos hasta los 162 mil.
Una revisión sobre las declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal revela también un cumplimiento incompleto de la obligación de transparencia, pues sólo 10 de los 27 legisladores presentan las tres versiones públicas, el resto, sólo presentó dos.
Y de un par de legisladores, Óscar Vera Fábregat, de Conciencia Popular y el petista Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, no hay ningún documento.
Sin variación, en los 60 documentos consultables en la página de transparencia del Congreso aparecen en su mayor parte testados en las partes en que los diputados exponen su situación patrimonial, sus obligaciones fiscales y sus conflictos de intereses.
En buena parte de ellos, aparece tachonado hasta el género de los funcionarios legislativos.
Así, el ciudadano no puede conocer los bienes, inmuebles, vehículos, inversiones y deudas de los legisladores, ni sus actividades externas al Congreso que podrían generarle otros ingresos.
El ocultamiento de la información fue decisión de los propios legisladores, pues en los documentos se les pregunta si están de acuerdo o no con revelar datos personales, a lo que veinte legisladores contestaron negativamente.
Solo cinco de ellos autorizaron la difusión de los datos y uno lo hizo sólo en una de sus declaraciones.
Pero incluso en los documentos de los que sí autorizaron difundir sus datos, el testeo fue invariable, por lo que tampoco se conoce la información entregada por los diputados locales.
Una revisión sobre las declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal revela también un cumplimiento incompleto de la obligación de transparencia, pues sólo 10 de los 27 legisladores presentan las tres versiones públicas, el resto, sólo presentó dos.
Y de un par de legisladores, Óscar Vera Fábregat, de Conciencia Popular y el petista Pedro Carrizales Becerra, “El Mijis”, no hay ningún documento.
Sin variación, en los 60 documentos consultables en la página de transparencia del Congreso aparecen en su mayor parte testados en las partes en que los diputados exponen su situación patrimonial, sus obligaciones fiscales y sus conflictos de intereses.
En buena parte de ellos, aparece tachonado hasta el género de los funcionarios legislativos.
Así, el ciudadano no puede conocer los bienes, inmuebles, vehículos, inversiones y deudas de los legisladores, ni sus actividades externas al Congreso que podrían generarle otros ingresos.
El ocultamiento de la información fue decisión de los propios legisladores, pues en los documentos se les pregunta si están de acuerdo o no con revelar datos personales, a lo que veinte legisladores contestaron negativamente.
Solo cinco de ellos autorizaron la difusión de los datos y uno lo hizo sólo en una de sus declaraciones.
Pero incluso en los documentos de los que sí autorizaron difundir sus datos, el testeo fue invariable, por lo que tampoco se conoce la información entregada por los diputados locales.
