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El aumento de feminicidios en San Luis Potosí está relacionado con el persistente “mensaje de impunidad”, y al “olvido” del fortalecimiento institucional en favor de las mujeres, criticaron integrantes de la academia y feministas.
Este sábado, se reveló que hasta octubre pasado la entidad potosina registra 24 ilícitos de esta índole, cifra superior a los 18 totalizados durante 2017, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es decir, aún no acaba 2018 y este año ya superó al anterior.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP, exteriorizó que el problema es multifactorial, por lo que habría que poner la mirada justo desde la complejidad.
Indicó que entre los factores que quedan de relieve y destacan, se ubican el creciente proceso de industrialización, de la ciudad y la circulación de capital que favorece el interés de los cárteles.
“Entonces, esos múltiples factores socio-económicos se agudizan con la ausencia de capacidades institucionales para hacer frente a los problemas. Las instituciones del Estado están desmanteladas, tan solo las corporaciones policiacas no cuentan con suficientes elementos y patrullas para garantizar los estándares mínimos de seguridad que son de 300 policías por cada cien mil habitantes, de acuerdo a la ONU”.
La académica afirmó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) no es capaz ni de operar su albergue por 24 horas de forma efectiva, pues sólo lo hace de las 8:00 a las 15:00 horas.
Este sábado, se reveló que hasta octubre pasado la entidad potosina registra 24 ilícitos de esta índole, cifra superior a los 18 totalizados durante 2017, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es decir, aún no acaba 2018 y este año ya superó al anterior.
Urenda Queletzú Navarro Sánchez, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la UASLP, exteriorizó que el problema es multifactorial, por lo que habría que poner la mirada justo desde la complejidad.
Indicó que entre los factores que quedan de relieve y destacan, se ubican el creciente proceso de industrialización, de la ciudad y la circulación de capital que favorece el interés de los cárteles.
“Entonces, esos múltiples factores socio-económicos se agudizan con la ausencia de capacidades institucionales para hacer frente a los problemas. Las instituciones del Estado están desmanteladas, tan solo las corporaciones policiacas no cuentan con suficientes elementos y patrullas para garantizar los estándares mínimos de seguridad que son de 300 policías por cada cien mil habitantes, de acuerdo a la ONU”.
La académica afirmó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) no es capaz ni de operar su albergue por 24 horas de forma efectiva, pues sólo lo hace de las 8:00 a las 15:00 horas.
