El celo que pusieron los diputados locales y el Congreso del Estado para no revelar la información en las versiones “públicas” de sus declaraciones 3 de 3, que incluyen el patrimonio, su situación fiscal y los posibles conflictos de intereses que pudieran tener con su cargo público llegó al extremo de no revelar incluso el género de los congresistas.
Sólo un documento incluido en los 25 juegos de declaraciones que aparecen en la página web del Congreso estatal, el de la situación patrimonial de Rosario Sánchez Olivares, revela el sexo de quien lo presenta.
Así, ni pensar que aparezca qué tipo de vehículo poseen, cuantos inmuebles poseen, si tienen inversiones o deudas y si presentan relaciones con dependencias, entidades o empresas que puedan verse afectadas o beneficiadas por decisiones que tomen como funcionarios públicos.
Todos esos datos aparecen bloqueados a la vista por extensos bloques negros, el testeo de los datos, por considerar que contienen datos personales.
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la situación patrimonial de las personas físicas se incluye entre los datos personales que están sujetos de protección de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso de los legisladores, en las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses, la revelación pudo haber sido autorizada por los diputados, pues en ellas aparece una pregunta sobre si autorizan la difusión de esos datos.
Sin embargo, veinte de los 25 legisladores de los cuales aparecen declaraciones se negaron a que se revelaran los datos.
Cinco sí dieron su autorización en ambos casos: las morenistas Alejandra Valdez Martínez y Marite Hernández Correa, el priista Martín Juárez Córdova, y los panistas Rubén Guajardo Barrera y Ricardo Villarreal Loo autorizaron la publicación de los datos.
El morenista Edson Quintanar sí autorizó que se difundieran los datos personales en su declaración de conflictos de intereses, en la que manifestó que no tenía ninguno, pero se negó a lo mismo en su declaración patrimonial.
Aun así, las declaraciones de estos cinco legisladores también aparecen casi íntegramente testadas.
El testeo de los documentos impide conocer a la ciudadanía qué bienes muebles, inmobiliarios y automóviles poseen los diputados, si tienen inversiones o si enfrentan adeudos.
Tampoco se sabe si tienen relaciones familiares con otros servidores públicos, que vínculos tienen con asociaciones, sociedades, consultoras y empresas, mismas que podrían ser afectadas por sus cargos, si tienen participaciones financieras en empresas también sujetas a beneficios o afectaciones por el cargo de los legisladores, así como si sus parientes están en esa situación.
Otros incumplimientos
Más allá de las formalidades legales, también se detectaron otras anomalías en algunas de las declaraciones legislativas.
De inicio, no aparece ningún documento de los diputados Óscar Vera Fábregat y Pedro Carrizales Becerra, de Conciencia Popular y de Morena, respectivamente, con lo que incumplirían esa obligación legal.
En el caso de Guajardo Barrera, que sí autorizó la difusión de los datos personales, su declaración de conflicto de intereses aparece en blanco, sin otra información que sus datos personales.
Por su parte, Eugenio Govea Arcos, que también percibe sueldo por liderar su partido, el Movimiento Ciudadano, no reporta más que su sueldo como legislador federal, sin ningún otro ingreso.
Y según la declaración patrimonial de la morenista Paola Arreola, no recibe ingresos en el Congreso, pues declaró en ceros. De hecho, de acuerdo a ese documento, no recibe ingresos de ninguna naturaleza, ni tiene propiedad alguna.
Confusión salarial
El inexistente ingreso de Paola Arreola en el Congreso es sólo parte de un fenómeno más amplio percibido en las declaraciones de los diputados: reportan hasta trece cifras distintas como remuneración que reciben del Congreso, lo que refleja la incertidumbre sobre los ingresos en el Legislativo afecta hasta a los diputados.
Cinco de ellos afirman recibir 162 mil 816 pesos como ingreso, lo que sería su salario mensual bruto.
Seis reportan percepciones por 115 mil 200 y dos más, una cifra que ronda los 114 mil pesos, que se acerca a los ingresos netos, después de los impuestos.
Los demás informan distintas cifras, que van desde los 112 mil a los 0 pesos de Paola Arreola. Angélica Mendoza no anotó ninguna cantidad.
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Sólo un documento incluido en los 25 juegos de declaraciones que aparecen en la página web del Congreso estatal, el de la situación patrimonial de Rosario Sánchez Olivares, revela el sexo de quien lo presenta.
Así, ni pensar que aparezca qué tipo de vehículo poseen, cuantos inmuebles poseen, si tienen inversiones o deudas y si presentan relaciones con dependencias, entidades o empresas que puedan verse afectadas o beneficiadas por decisiones que tomen como funcionarios públicos.
Todos esos datos aparecen bloqueados a la vista por extensos bloques negros, el testeo de los datos, por considerar que contienen datos personales.
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la situación patrimonial de las personas físicas se incluye entre los datos personales que están sujetos de protección de los sujetos obligados.
Sin embargo, en el caso de los legisladores, en las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses, la revelación pudo haber sido autorizada por los diputados, pues en ellas aparece una pregunta sobre si autorizan la difusión de esos datos.
Sin embargo, veinte de los 25 legisladores de los cuales aparecen declaraciones se negaron a que se revelaran los datos.
Cinco sí dieron su autorización en ambos casos: las morenistas Alejandra Valdez Martínez y Marite Hernández Correa, el priista Martín Juárez Córdova, y los panistas Rubén Guajardo Barrera y Ricardo Villarreal Loo autorizaron la publicación de los datos.
El morenista Edson Quintanar sí autorizó que se difundieran los datos personales en su declaración de conflictos de intereses, en la que manifestó que no tenía ninguno, pero se negó a lo mismo en su declaración patrimonial.
Aun así, las declaraciones de estos cinco legisladores también aparecen casi íntegramente testadas.
El testeo de los documentos impide conocer a la ciudadanía qué bienes muebles, inmobiliarios y automóviles poseen los diputados, si tienen inversiones o si enfrentan adeudos.
Tampoco se sabe si tienen relaciones familiares con otros servidores públicos, que vínculos tienen con asociaciones, sociedades, consultoras y empresas, mismas que podrían ser afectadas por sus cargos, si tienen participaciones financieras en empresas también sujetas a beneficios o afectaciones por el cargo de los legisladores, así como si sus parientes están en esa situación.
Otros incumplimientos
Más allá de las formalidades legales, también se detectaron otras anomalías en algunas de las declaraciones legislativas.
De inicio, no aparece ningún documento de los diputados Óscar Vera Fábregat y Pedro Carrizales Becerra, de Conciencia Popular y de Morena, respectivamente, con lo que incumplirían esa obligación legal.
En el caso de Guajardo Barrera, que sí autorizó la difusión de los datos personales, su declaración de conflicto de intereses aparece en blanco, sin otra información que sus datos personales.
Por su parte, Eugenio Govea Arcos, que también percibe sueldo por liderar su partido, el Movimiento Ciudadano, no reporta más que su sueldo como legislador federal, sin ningún otro ingreso.
Y según la declaración patrimonial de la morenista Paola Arreola, no recibe ingresos en el Congreso, pues declaró en ceros. De hecho, de acuerdo a ese documento, no recibe ingresos de ninguna naturaleza, ni tiene propiedad alguna.
Confusión salarial
El inexistente ingreso de Paola Arreola en el Congreso es sólo parte de un fenómeno más amplio percibido en las declaraciones de los diputados: reportan hasta trece cifras distintas como remuneración que reciben del Congreso, lo que refleja la incertidumbre sobre los ingresos en el Legislativo afecta hasta a los diputados.
Cinco de ellos afirman recibir 162 mil 816 pesos como ingreso, lo que sería su salario mensual bruto.
Seis reportan percepciones por 115 mil 200 y dos más, una cifra que ronda los 114 mil pesos, que se acerca a los ingresos netos, después de los impuestos.
Los demás informan distintas cifras, que van desde los 112 mil a los 0 pesos de Paola Arreola. Angélica Mendoza no anotó ninguna cantidad.
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