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El ex secretario de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (Sintra), Mario Castro, acusado por probable desempeño irregular de la función pública, dentro de una investigación que se sigue a 11 ex funcionarios de la administración del gobernador Roberto Borge, fue puesto en libertad por orden de un juez federal, quien consideró que la conducta delictiva prescribió.
La resolución fue calificada como "inadmisible" por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien señaló que existían "todas las pruebas ofrecidas y valoradas por un juez de control" y se había logrado la ratificación de la orden de aprehensión.
En conferencia de prensa, Villanueva Arzápalo recordó que en junio de 2017 fueron giradas 11 órdenes de aprehensión en contra de igual número de ex funcionarios del gobierno borgista, por el caso VIP Saesa, como parte de la carpeta de investigación 151/ 2017, por daño patrimonial equivalente a los 600 millones de pesos.
Varios de los ex funcionarios han sido detenidos y procesados, pero se han defendido jurídicamente. En el caso de Mario Castro, detenido el pasado 19 de agosto, un Tribunal Colegiado resolvió que prescribió el delito que se le imputaba y ordenó liberarlo.
La resolución fue calificada como "inadmisible" por la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, quien señaló que existían "todas las pruebas ofrecidas y valoradas por un juez de control" y se había logrado la ratificación de la orden de aprehensión.
En conferencia de prensa, Villanueva Arzápalo recordó que en junio de 2017 fueron giradas 11 órdenes de aprehensión en contra de igual número de ex funcionarios del gobierno borgista, por el caso VIP Saesa, como parte de la carpeta de investigación 151/ 2017, por daño patrimonial equivalente a los 600 millones de pesos.
Varios de los ex funcionarios han sido detenidos y procesados, pero se han defendido jurídicamente. En el caso de Mario Castro, detenido el pasado 19 de agosto, un Tribunal Colegiado resolvió que prescribió el delito que se le imputaba y ordenó liberarlo.