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El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, presentó ante el Congreso del Estado una reforma legal para lograr una disminución salarial desde el mandatario hasta mandos medios e integrantes de poderes y organismos autónomos.
El pleno de Congreso le dio entrada a una iniciativa de Ley de remuneraciones de los servidores públicos y Ley de Austeridad para Veracruz que plantea la reducción de los salarios de diputados, magistrados, ediles e incluso de la propia rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González.
La propuesta establece que para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se considerarán nuevas bases, como que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución mayor a la establecida para el Presidente de la República.
El sueldo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era de 74 mil 938 pesos, lo cual significa que con la reducción del 30 por ciento de su sueldo (22 mil 479 pesos), como prometió el actual mandatario, Cuitláhuac García Jiménez, devengaría 52 mil 459 pesos mensuales.
Los altos funcionarios, entre ellos diputados, magistrados y alcaldes, no podrían ganar más que esa cantidad, situación que también fue planteada a nivel federal, con la molestia de los magistrados del Poder Judicial federal.
Además, prevé la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
Con ello, busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
También se restringiría a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Adicionalmente, se limitaría el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
Se lee en la propuesta que el gasto en propaganda oficial también se restringiría, disminuyéndolo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
Se establecerían límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se estipularían reglas para topar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.
Con esta ley, se fijarían límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
El pleno de Congreso le dio entrada a una iniciativa de Ley de remuneraciones de los servidores públicos y Ley de Austeridad para Veracruz que plantea la reducción de los salarios de diputados, magistrados, ediles e incluso de la propia rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González.
La propuesta establece que para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se considerarán nuevas bases, como que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución mayor a la establecida para el Presidente de la República.
El sueldo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era de 74 mil 938 pesos, lo cual significa que con la reducción del 30 por ciento de su sueldo (22 mil 479 pesos), como prometió el actual mandatario, Cuitláhuac García Jiménez, devengaría 52 mil 459 pesos mensuales.
Los altos funcionarios, entre ellos diputados, magistrados y alcaldes, no podrían ganar más que esa cantidad, situación que también fue planteada a nivel federal, con la molestia de los magistrados del Poder Judicial federal.
Además, prevé la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
Con ello, busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas.
También se restringiría a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Adicionalmente, se limitaría el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
Se lee en la propuesta que el gasto en propaganda oficial también se restringiría, disminuyéndolo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
Se establecerían límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se estipularían reglas para topar los gastos de transporte, hospedaje y alimentación del servidor público comisionado.
Con esta ley, se fijarían límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.