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TEPIC, Nay. (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía de Nayarit solicitó al Congreso local una declaratoria de procedencia para desaforar a cuatro jueces y dos magistrados en funciones por estar presuntamente involucrados en un fraude para despojar de sus casas a más de 40 mil derechohabientes del Infonavit.
La Fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios "espejo", con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la ejecutar de manera irregular las hipotecas de cerca de 40 mil casas propiedad de derechohabientes del Infonavit en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, explicó ante los legisladores que en 4 cuatro juzgados de primera instancia de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas un despacho de abogados en contubernio con los juzgadores simulaban juicios que concluían en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas a favor del Infonavit, que después adjudicaba las casas a un 75% de su valor de avalúo.
Según la investigación, en los juicios se falsificaban constancias, no se hacían notificaciones ni emplazamientos de los demandados, no había intervención del Ministerio Público y todas las escrituras de las nuevas adjudicaciones fueron realizadas por un mismo notario.
La Fiscalía también dio aviso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo.
Las investigaciones señalan que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despacho externo y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados; además hay información de entregas de dinero en efectivo y la promesa de algunas otras prestaciones.
Los delitos por los que se les podría acusar a estas personas son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.
También se dio vista a la Procuraduría General de la República sobre posibles delitos de su competencia y se tuvo comunicación con autoridades del Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que también intervengan en el asunto en atención a sus facultades.
La Fiscalía reveló que entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios "espejo", con la complicidad de magistrados y jueces de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la ejecutar de manera irregular las hipotecas de cerca de 40 mil casas propiedad de derechohabientes del Infonavit en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
El fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, explicó ante los legisladores que en 4 cuatro juzgados de primera instancia de los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas un despacho de abogados en contubernio con los juzgadores simulaban juicios que concluían en la adjudicación y escrituración irregular de las viviendas a favor del Infonavit, que después adjudicaba las casas a un 75% de su valor de avalúo.
Según la investigación, en los juicios se falsificaban constancias, no se hacían notificaciones ni emplazamientos de los demandados, no había intervención del Ministerio Público y todas las escrituras de las nuevas adjudicaciones fueron realizadas por un mismo notario.
La Fiscalía también dio aviso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo.
Las investigaciones señalan que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despacho externo y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados; además hay información de entregas de dinero en efectivo y la promesa de algunas otras prestaciones.
Los delitos por los que se les podría acusar a estas personas son: falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos.
También se dio vista a la Procuraduría General de la República sobre posibles delitos de su competencia y se tuvo comunicación con autoridades del Infonavit y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que también intervengan en el asunto en atención a sus facultades.