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El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, enviará en los próximos días al Congreso Estatal un paquete de iniciativas para eliminar el fuero y "otros privilegios" a funcionarios y ex funcionarios públicos, entre ellos, el decreto 223 "con el cual el gobierno brinda un equipo de seguridad para protección personal de ex gobernadores y otros ex funcionarios", informó el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos.
Este viernes, El UNIVERSAL publicó que el ex mandatario Manuel Velasco Coello —cuyo mandato concluyó el pasado 8 de diciembre pasado— dispondrá de un equipo de seguridad policíaca para su protección personal, por un período de 15 años, después de concluido su mandato "por los servicios prestados al Estado".
En un comunicado, Ismael Brito afirmó que por instrucción del ahora gobernador, Rutilio Escandón, y como parte de la Cuarta Transformación, se ha establecido una política de austeridad en la administración estatal, a fin de financiar el desarrollo. Por tanto, sostuvo, es fundamental terminar con los beneficios exclusivos de los que gozan algunos servidores públicos.
Brito Mazariegos se refirió así al decreto 223 y señaló que "se hará lo conducente para que los elementos regresen a donde pertenecen". El pueblo, precisó, "exige que se termine con los privilegios y que los policías estén en las calles, que realmente sirvan a la ciudadanía desde sus funciones de seguridad pública".
Incluso, puntualizó el secretario general de Gobierno, en los próximos días "se pondrá a consideración del Poder Legislativo diversas modificaciones a la Constitución y al propio titular del Ejecutivo algunos decretos interiores para su consideración".
No se llevó escoltas. Este viernes, tras la publicación de EL UNIVERSAL, el ahora senador Manuel Velasco dijo a este diario que el decreto 223, mediante el cual la administración chiapaneca le asigna escoltas hasta por un periodo de 15 años, existe desde 2009, pero que en 2017, periodo de su gobierno, fue ampliado para incluir al ex fiscal.
El ex mandatario estatal aseguró que el Congreso del estado tiene facultades para derogar el decreto y lo puede hacer en cuanto así lo determinen sus integrantes. De hecho, "no me traje ningún escolta" a la Ciudad de México, explicó.
Velasco consideró que el decreto se amplió porque a nivel nacional también existe seguridad para el fiscal o procurador. La modificación incluyó que fuera por 15 años, es decir, cinco más a los que se establecieron en 2009, cuando se estipuló que era por 10 años.
Estas medidas de seguridad, según el documento citado y publicado en el Diario Oficial del Estado, beneficiaría también a l presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para ambos, se establece que la protección será por un periodo igual al que dure su función como servidor público en su último encargo.
Este viernes, El UNIVERSAL publicó que el ex mandatario Manuel Velasco Coello —cuyo mandato concluyó el pasado 8 de diciembre pasado— dispondrá de un equipo de seguridad policíaca para su protección personal, por un período de 15 años, después de concluido su mandato "por los servicios prestados al Estado".
En un comunicado, Ismael Brito afirmó que por instrucción del ahora gobernador, Rutilio Escandón, y como parte de la Cuarta Transformación, se ha establecido una política de austeridad en la administración estatal, a fin de financiar el desarrollo. Por tanto, sostuvo, es fundamental terminar con los beneficios exclusivos de los que gozan algunos servidores públicos.
Brito Mazariegos se refirió así al decreto 223 y señaló que "se hará lo conducente para que los elementos regresen a donde pertenecen". El pueblo, precisó, "exige que se termine con los privilegios y que los policías estén en las calles, que realmente sirvan a la ciudadanía desde sus funciones de seguridad pública".
Incluso, puntualizó el secretario general de Gobierno, en los próximos días "se pondrá a consideración del Poder Legislativo diversas modificaciones a la Constitución y al propio titular del Ejecutivo algunos decretos interiores para su consideración".
No se llevó escoltas. Este viernes, tras la publicación de EL UNIVERSAL, el ahora senador Manuel Velasco dijo a este diario que el decreto 223, mediante el cual la administración chiapaneca le asigna escoltas hasta por un periodo de 15 años, existe desde 2009, pero que en 2017, periodo de su gobierno, fue ampliado para incluir al ex fiscal.
El ex mandatario estatal aseguró que el Congreso del estado tiene facultades para derogar el decreto y lo puede hacer en cuanto así lo determinen sus integrantes. De hecho, "no me traje ningún escolta" a la Ciudad de México, explicó.
Velasco consideró que el decreto se amplió porque a nivel nacional también existe seguridad para el fiscal o procurador. La modificación incluyó que fuera por 15 años, es decir, cinco más a los que se establecieron en 2009, cuando se estipuló que era por 10 años.
Estas medidas de seguridad, según el documento citado y publicado en el Diario Oficial del Estado, beneficiaría también a l presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, para ambos, se establece que la protección será por un periodo igual al que dure su función como servidor público en su último encargo.