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Derivado de las acciones de inconstitucionalidad 13/2018 de la CEDH y 25/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con relación a los altos costos de copias que cobraban municipios potosinos para la entrega de información, los solicitantes podrán exigir el reembolso del recurso invertido.
Luis González Lozano, consejo de la CEDH, detalló que el 22 de enero pasado el organismo autónomo presentó el referido recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el cobro excesivo de 16 ayuntamientos en la entrega de copias certificadas, relacionado con el derecho a la información.
El abogado explicó que las dos demandas, tanto de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se acumularon en el máximo tribunal mexicano, y se resolvieron en un solo momento.
En rueda de prensa acompañado por Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la CEDH, recalcó que la resolución de la corte manda el mensaje al Congreso del Estado y las alcaldías de que no deben de existir dichos cobros.
Dicho de otra forma, enfatizó que para el presupuesto del próximo año, el Poder Legislativo y los ayuntamientos tienen la consideración de no contemplar esos montos, o de ser el caso, que sean asequibles.
"Se invalidó esta norma, es decir, que esta norma para 2018 tiene que ser expulsada del sistema normativo. Esto significa que las personas que hayan hecho el pago de alguna cantidad de dinero de información pública, podrán solicitar devolución porque fue un pago indebido", enfatizó.
Luis González Lozano, consejo de la CEDH, detalló que el 22 de enero pasado el organismo autónomo presentó el referido recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el cobro excesivo de 16 ayuntamientos en la entrega de copias certificadas, relacionado con el derecho a la información.
El abogado explicó que las dos demandas, tanto de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se acumularon en el máximo tribunal mexicano, y se resolvieron en un solo momento.
En rueda de prensa acompañado por Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la CEDH, recalcó que la resolución de la corte manda el mensaje al Congreso del Estado y las alcaldías de que no deben de existir dichos cobros.
Dicho de otra forma, enfatizó que para el presupuesto del próximo año, el Poder Legislativo y los ayuntamientos tienen la consideración de no contemplar esos montos, o de ser el caso, que sean asequibles.
"Se invalidó esta norma, es decir, que esta norma para 2018 tiene que ser expulsada del sistema normativo. Esto significa que las personas que hayan hecho el pago de alguna cantidad de dinero de información pública, podrán solicitar devolución porque fue un pago indebido", enfatizó.
