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La exportación de armas a países en conflicto o con gobiernos autoritarios generó una nueva polémica en España, donde la sociedad ha adoptado un perfil cada vez más pacifista.
En esta ocasión fue la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudita, país cuestionado por su presunta violación de derechos humanos, la que reabrió el debate y puso al presidente Pedro Sánchez en una situación complicada.
Luego de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciara la cancelación de la venta de misiles a la Monarquía del Golfo, pactada por la anterior administración del Partido Popular (PP), el gobierno socialista tuvo que retractarse para dar luz verde a la controvertida transacción.
La amenaza de suspender la entrega de las bombas provocó que Arabia Saudita revirara y amagara con romper otros acuerdos comerciales que mantiene con España, como la construcción de varias fragatas en astilleros españoles. Sánchez tuvo que desaprobar a su ministra de Defensa, antes de dar el visto bueno a la venta de los misiles guiados por láser, para evitar la pérdida de otros contratos millonarios con Riad.
"Lo que hagan otros países no es competencia del gobierno (…) lo mejor es que no se utilicen esas bombas ni esos proyectiles", aseguró Sánchez en una entrevista con la televisora 'La Sexta' para eludir cualquier responsabilidad de su gobierno en la venta de armas a Arabia Saudita.
El canciller Josep Borrell, consciente del antibelicismo que caracteriza a buena parte de la sociedad española, llegó incluso al malabarismo para justificar la venta de los misiles a la Monarquía del Golfo.
"Con ese tipo de armas no se pueden producir ese tipo de bombardeos que generan esos efectos colaterales que todos hemos condenado (…). Son armas de penetración que están pensadas para objetivos militares y de resistencia, no para bombardeos generalizados", dijo el ministro de Exteriores para desmentir que los misiles pudieran emplearse contra objetivos civiles en la guerra de Yemen, en la que están implicados Arabia Saudita e Irán.
Tras las palabras del canciller español, asoma el hecho de que Arabia Saudita es el primer socio comercial de España en Medio Oriente; el segundo inversionista árabe en España, y el segundo destino de las inversiones españolas en el mundo árabe.
España es uno de los países que más armas exportan a nivel internacional, aunque en esta ocasión las 400 bombas fueron compradas previamente a Estados Unidos y revendidas a Riad en una operación con la que el gobierno de Madrid buscaba la máxima discreción, a fin de no crearse enemistades con otros países en Medio Oriente.
Arabia Saudita encabeza la coalición internacional que interviene en el conflicto de Yemen desde 2015 y que ha cometido violaciones graves en ese país, al bombardear zonas controladas o disputadas por los rebeldes hutíes y sus aliados, respaldados militarmente por Irán.
En 2017 España vendió material de defensa a esta coalición internacional por valor de unos 400 millones de dólares.
La muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul generó la protesta de varios países, entre ellos Alemania, quien suspendió la exportación de armas al país árabe.
La Unión Europea exige a Riad que aclare la muerte del reportero saudita, crítico con el régimen de su país y que, según Turquía, fue torturado y descuartizado en la sede diplomática, lo que sitúa a la Monarquía del Golfo bajo sospecha de violación de derechos humanos.
En una tendencia ascendente, el importe global de las exportaciones de armas realizadas por España en 2017 superó los 5 mil 300 millones de dólares, en su gran mayoría material de defensa (armas convencionales), indica el informe de las organizaciones humanitarias que participan en la campaña Armas Bajo Control.
El reporte, elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón y Fundipau, que apadrinan la campaña, señala la venta de armas ligeras y munición a Israel y Arabia Saudita, la cual "debe cesar inmediatamente".
Además, las ONG identifican exportaciones de material de defensa muy preocupantes a otros 17 países, basándose en el riesgo sustancial de que este material pueda contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional.
Entre las operaciones figuran la venta de determinadas armas a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Filipinas, Kenia y Turquía, así como la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú.
"Nos preocupa especialmente la venta de armas a Arabia Saudita e Israel, dos destinos con indicios claros de que existe un riesgo de que esas armas puedan ser utilizadas en crímenes de derecho internacional. Son exportaciones que no deben realizarse. En el caso de otros países como Irak o Egipto, también observamos un escenario preocupante", señala a EL UNIVERSAL Alberto Estévez, portavoz de la campaña para el control de armas.
"Nosotros no hacemos listas negras de países. Lo que nos preocupa (...) es la relación entre el posible uso de un arma concreta (...) y la situación de los derechos humanos en el país receptor", agrega el especialista.
En esta ocasión fue la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudita, país cuestionado por su presunta violación de derechos humanos, la que reabrió el debate y puso al presidente Pedro Sánchez en una situación complicada.
Luego de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciara la cancelación de la venta de misiles a la Monarquía del Golfo, pactada por la anterior administración del Partido Popular (PP), el gobierno socialista tuvo que retractarse para dar luz verde a la controvertida transacción.
La amenaza de suspender la entrega de las bombas provocó que Arabia Saudita revirara y amagara con romper otros acuerdos comerciales que mantiene con España, como la construcción de varias fragatas en astilleros españoles. Sánchez tuvo que desaprobar a su ministra de Defensa, antes de dar el visto bueno a la venta de los misiles guiados por láser, para evitar la pérdida de otros contratos millonarios con Riad.
"Lo que hagan otros países no es competencia del gobierno (…) lo mejor es que no se utilicen esas bombas ni esos proyectiles", aseguró Sánchez en una entrevista con la televisora 'La Sexta' para eludir cualquier responsabilidad de su gobierno en la venta de armas a Arabia Saudita.
El canciller Josep Borrell, consciente del antibelicismo que caracteriza a buena parte de la sociedad española, llegó incluso al malabarismo para justificar la venta de los misiles a la Monarquía del Golfo.
"Con ese tipo de armas no se pueden producir ese tipo de bombardeos que generan esos efectos colaterales que todos hemos condenado (…). Son armas de penetración que están pensadas para objetivos militares y de resistencia, no para bombardeos generalizados", dijo el ministro de Exteriores para desmentir que los misiles pudieran emplearse contra objetivos civiles en la guerra de Yemen, en la que están implicados Arabia Saudita e Irán.
Tras las palabras del canciller español, asoma el hecho de que Arabia Saudita es el primer socio comercial de España en Medio Oriente; el segundo inversionista árabe en España, y el segundo destino de las inversiones españolas en el mundo árabe.
España es uno de los países que más armas exportan a nivel internacional, aunque en esta ocasión las 400 bombas fueron compradas previamente a Estados Unidos y revendidas a Riad en una operación con la que el gobierno de Madrid buscaba la máxima discreción, a fin de no crearse enemistades con otros países en Medio Oriente.
Arabia Saudita encabeza la coalición internacional que interviene en el conflicto de Yemen desde 2015 y que ha cometido violaciones graves en ese país, al bombardear zonas controladas o disputadas por los rebeldes hutíes y sus aliados, respaldados militarmente por Irán.
En 2017 España vendió material de defensa a esta coalición internacional por valor de unos 400 millones de dólares.
La muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul generó la protesta de varios países, entre ellos Alemania, quien suspendió la exportación de armas al país árabe.
La Unión Europea exige a Riad que aclare la muerte del reportero saudita, crítico con el régimen de su país y que, según Turquía, fue torturado y descuartizado en la sede diplomática, lo que sitúa a la Monarquía del Golfo bajo sospecha de violación de derechos humanos.
En una tendencia ascendente, el importe global de las exportaciones de armas realizadas por España en 2017 superó los 5 mil 300 millones de dólares, en su gran mayoría material de defensa (armas convencionales), indica el informe de las organizaciones humanitarias que participan en la campaña Armas Bajo Control.
El reporte, elaborado por Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón y Fundipau, que apadrinan la campaña, señala la venta de armas ligeras y munición a Israel y Arabia Saudita, la cual "debe cesar inmediatamente".
Además, las ONG identifican exportaciones de material de defensa muy preocupantes a otros 17 países, basándose en el riesgo sustancial de que este material pueda contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional.
Entre las operaciones figuran la venta de determinadas armas a Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Colombia, Honduras, Estados Unidos, Filipinas, Kenia y Turquía, así como la exportación de material antidisturbios a Túnez y Perú.
"Nos preocupa especialmente la venta de armas a Arabia Saudita e Israel, dos destinos con indicios claros de que existe un riesgo de que esas armas puedan ser utilizadas en crímenes de derecho internacional. Son exportaciones que no deben realizarse. En el caso de otros países como Irak o Egipto, también observamos un escenario preocupante", señala a EL UNIVERSAL Alberto Estévez, portavoz de la campaña para el control de armas.
"Nosotros no hacemos listas negras de países. Lo que nos preocupa (...) es la relación entre el posible uso de un arma concreta (...) y la situación de los derechos humanos en el país receptor", agrega el especialista.
