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Miguel R. Valladares García

Viernes 31 octubre 2014

DE TODOS

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Cuestión de tiempo

Práctica deleznable

E l posicionamiento de reporteros Sin Fronteras (RSF), quizá el más importante organismo de defensa de los derechos de los periodistas en todo el mundo, acerca de la peculiar táctica promovida desde la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado de aprovechar “la libertad de lodazal” que brindan las redes sociales para hostigar y calumniar a autores de textos periodísticos que fueron considerados incómodos por la administración estatal y a otros personajes políticos se registró, precisamente, el día en que el autor de la estrategia, Juan Antonio Hernández Varela, dejó el cargo.

Sin especificar, como en relevos anteriores, las causas de la renuncia (ni siquiera se manejaron los consabidos “motivos personales”), sólo se informó que lo sustituía Roberto Naif Kuri, ex titular del Instituto de la Vivienda del Estado.

Aun así, no sería ilógico ligar las revelaciones hechas por Editora Mival que vinculaban al hoy ex funcionario con esa estrategia, con la renuncia.

Y aunque de inicio hubo “oídos sordos” en Palacio a los llamados de diversos actores políticos para que realizara cambios, al final se dieron.

El relevo fue, pues, muestra que las malas actuaciones de los funcionarios, a veces pueden tener consecuencias para ellos. Y el posicionamiento de RSF ayuda a dar relevancia foránea al caso, lo que podría ser un factor para que cualquier otra instancia oficial que tenga la tentación de incurrir en este tipo de estrategias lo piense dos veces antes de embarcarse en una acción de esta naturaleza.

En unos pocos días, se registra un nuevo caso de la detención de policías municipales por el delito de extorsión. En ambos casos, las valientes denuncias de los afectados, que no se amilanaron ante las amenazas, propiciaron su captura y su castigo.

Esto demuestra que la intimidación a la que suelen acudir los agentes que incurren en estas prácticas cuando se les enfrenta es sólo humo.

Ahora queda en manos de la autoridad municipal el proceso de castigo, que debe ser el más duro que permita la Ley. Pero también, y al parecer esa es una tarea aún pendiente, tiene la responsabilidad de erradicar esa terrible práctica.

El pleito al interior del Legislativo subió de tono.  El diputado panista Rubén Guajardo, como era de esperarse, pidió a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, Rosa Ma. Huerta, prueba de las graves acusaciones de corrupción que le lanzó el viernes pasado.

Con ello, el balón está en la cancha de la priista. Será interesante conocer su próxima movida porque si bien hizo pública la denuncia, no lo respaldo con prueba alguna más que su dicho.

Así pues, en este caso, una de las dos partes va a quedar como mentirosa. Cualquiera de los legisladores que sea, para la institución, el asunto va a quedar como una mancha vergonzosa.

¡HASTA MAÑANAN!

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