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Subsidio polémico
Una raya más
Aún no hay nada concreto sobre el subsidio mencionado por la Federación Universitaria Potosina (FUP) en favor de estudiantes de educación superior para afrontar el incremento a la tarifa del transporte urbano y el apoyo ya tiene a sus críticos.
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El sector empresarial externó su descontento con el subsidio anunciado, argumentando que es fiel a su tradición de rechazar los apoyos gubernamentales para el gasto de particulares.
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Pero también apuntó, como una alternativa aceptable, a la existencia de una tarifa justa, acorde a la calidad del servicio. Lo que denota que la nueva cuota, apenas estrenada ayer, es demasiado cara para el desempeño actual de los autobuses.
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Son ya demasiados aumentos sin que se reflejen en el incremento proporcional de la calidad en el servicio. Ya hay muestras del envejecimiento del parque vehicular y la inseguridad en las unidades se está convirtiendo en el problema más grave que enfrenta el sistema de movilidad pública de San Luis.
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Los permisionarios alegan mejoras en esos rubros, pero, los casos de asalto en las unidades del transporte público son ya numerosos.
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La oposición del sector empresarial al subsidio en favor de los universitarios podrá ser debatible, sin duda, pero pone en evidencia, aunque sea a toro pasado, que la autoridad debe evaluar con mayor profundidad las obligaciones a los que están sujetos los permisionarios tras serle concedido el incremento.
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De nueva cuenta, los aseguradores del país ponen en evidencia otra de las modalidades delictivas que no tiene freno: el robo de autos.
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Desde 2012, un noviembre no había tenido tantos autos robados como el del año pasado. Casi 700, según las cuentas de la AMIS.
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Las autoridades podrán argumentar, como en otros tantos delitos, que están haciendo algo o que están por hacer algo para remediar la situación. Pero las cifras delictivas, sin embargo, no aflojan.
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La respuesta que dio la presidenta del DIF estatal, Lorena Valle, a los señalamientos de que una de sus colaboradoras, Rosa Segovia, coordinadora de la dependencia en Matehuala, usaba materiales que reparte la institución para hacerse propaganda personal, fue más bien tibia.
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Estar alerta ante los malos manejos de los recursos del DIF es lo mínimo que se espera ante el hecho, pero también era deseable el anuncio de una investigación a la funcionario, ante las evidencias que existen de que la funcionaria, a la que se le atribuyen aspiraciones electorales, puso sus iniciales en diversos utilitarios repartidos por la institución.
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El DIF es una institución refractaria a la exposición de este tipo de casos, por lo que queda la posibilidad de que, de haberla, una indagatoria y sus posibles consecuencias no serían públicas. Pero la gravedad del caso, y en aras de la transparencia, debería.
Una raya más
Aún no hay nada concreto sobre el subsidio mencionado por la Federación Universitaria Potosina (FUP) en favor de estudiantes de educación superior para afrontar el incremento a la tarifa del transporte urbano y el apoyo ya tiene a sus críticos.
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El sector empresarial externó su descontento con el subsidio anunciado, argumentando que es fiel a su tradición de rechazar los apoyos gubernamentales para el gasto de particulares.
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Pero también apuntó, como una alternativa aceptable, a la existencia de una tarifa justa, acorde a la calidad del servicio. Lo que denota que la nueva cuota, apenas estrenada ayer, es demasiado cara para el desempeño actual de los autobuses.
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Son ya demasiados aumentos sin que se reflejen en el incremento proporcional de la calidad en el servicio. Ya hay muestras del envejecimiento del parque vehicular y la inseguridad en las unidades se está convirtiendo en el problema más grave que enfrenta el sistema de movilidad pública de San Luis.
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Los permisionarios alegan mejoras en esos rubros, pero, los casos de asalto en las unidades del transporte público son ya numerosos.
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La oposición del sector empresarial al subsidio en favor de los universitarios podrá ser debatible, sin duda, pero pone en evidencia, aunque sea a toro pasado, que la autoridad debe evaluar con mayor profundidad las obligaciones a los que están sujetos los permisionarios tras serle concedido el incremento.
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De nueva cuenta, los aseguradores del país ponen en evidencia otra de las modalidades delictivas que no tiene freno: el robo de autos.
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Desde 2012, un noviembre no había tenido tantos autos robados como el del año pasado. Casi 700, según las cuentas de la AMIS.
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Las autoridades podrán argumentar, como en otros tantos delitos, que están haciendo algo o que están por hacer algo para remediar la situación. Pero las cifras delictivas, sin embargo, no aflojan.
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La respuesta que dio la presidenta del DIF estatal, Lorena Valle, a los señalamientos de que una de sus colaboradoras, Rosa Segovia, coordinadora de la dependencia en Matehuala, usaba materiales que reparte la institución para hacerse propaganda personal, fue más bien tibia.
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Estar alerta ante los malos manejos de los recursos del DIF es lo mínimo que se espera ante el hecho, pero también era deseable el anuncio de una investigación a la funcionario, ante las evidencias que existen de que la funcionaria, a la que se le atribuyen aspiraciones electorales, puso sus iniciales en diversos utilitarios repartidos por la institución.
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El DIF es una institución refractaria a la exposición de este tipo de casos, por lo que queda la posibilidad de que, de haberla, una indagatoria y sus posibles consecuencias no serían públicas. Pero la gravedad del caso, y en aras de la transparencia, debería.
