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Escalón de impunidad
La justicia de género
Cifras repetitivas por años, dan cuenta del muy alto grado de impunidad que sufre San Luis Potosí en la persecución del delito. Si de 2015 a 2017 la variación a la alza es brusca, vale considerar diversos factores. Las instancias de procuración de justicia con frecuencia cuentan con un porcentaje mayor de personal recomendado que trabajadores capacitados para la investigación policial y científica. La falla principal en la persecución del delito comienza desde la noticia criminal, cuando pareciera existir una pelea entre los primeros respondientes para negarse a acudir. Así sucede principalmente con las policías municipales que por lo general son las de capacitación con mayor grado de deficiencia.
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Le siguen en orden las policías estatales de prevención y reacción y en una condición distinta, la policía investigadora, con independencia de que dependa de la Procuraduría General de la República o de las fiscalías generales en los Estados. Con frecuencia, los investigadores están acostumbrados a presentar datos de supuesta prueba, en una carpeta de investigación para un hecho criminal, únicamente basados en testigos y una historia construida pero no en datos periciales que pudieran presumir una responsabilidad. Es frecuente ver casos donde un agente de Ministerio Público presenta un caso ante un juez de control pero únicamente cuenta historias y presenta testigos, con muy deficientes elementos para llegar a los acuerdos probatorios entre las partes involucradas en un conflicto.
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En este caso, nos referimos específicamente a los muy pocos casos de hechos delictivos que alcanzan a llegar hasta un Ministerio Público porque no hay conciliación o a partir de la presunción de la gravedad de un delito. Si tomamos en cuenta que 8 de cada 10 casos ni siquiera son objeto de una denuncia formal, sino que se quedan en la queja o en la etapa del primer respondiente, por falta de cultura de la denuncia o desconfianza en las autoridades, entonces el fenómeno del incremento de la impunidad reviste un fondo mucho más grave. Las condiciones sociales bajo las que se desenvuelve el sistema penal también influyen para crear el escenario de impunidad que conocemos los potosinos. Es cierto que el nuevo sistema penal acusatorio privilegia la mínima intervención penal, pero también lo es el hecho de que en ocasiones los cuerpos de investigación no están preparados para la etapa científica del descubrimiento de la verdad, o por desconfianza algunas víctimas abandonan la denuncia.
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Basta para ver el grado de impunidad en los casos de varones que cometen actos de violencia con ventajas y acciones premeditadas, en contra de las mujeres por su condición de género. Las medidas para prevenir suelen ser la salida más fácil para tratar un asunto de esa naturaleza. Algunos jueces de control imponen brazaletes a los varones como parte de una sentencia definitiva o una medida cautelar en el proceso de investigación formalizada, pero puede ser insuficiente la localización a distancia de los infractores de la ley, si se considera la tardanza para la reparación integral del daño, la imposición de penas y medidas cautelares, y la justicia restaurativa en el proceso del cumplimiento de una sentencia definitiva.
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La violencia de género es uno de los casos más delicados de hechos delictivos que requieren decisiones de la autoridad de urgente y obvia resolución, porque gran parte de esos actos ocurren en el seno de los hogares y por lo tanto, generar una controversia legal es una acción de peligro si los jueces no imponen medidas cautelares. Con independencia de la obligación de la autoridad para probar un delito, a veces los legisladores exageran en la mínima intervención penal y tratan de matizar como delitos no graves algunos que requieren inclusive de prisión preventiva. Es cierto que es más peligroso un delincuente cuando se apropia de un cargo de administración pública, por ejemplo, pero también aquel donde se encuentra en riesgo una persona y el juez no dicta medidas de prevención.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
La justicia de género
Cifras repetitivas por años, dan cuenta del muy alto grado de impunidad que sufre San Luis Potosí en la persecución del delito. Si de 2015 a 2017 la variación a la alza es brusca, vale considerar diversos factores. Las instancias de procuración de justicia con frecuencia cuentan con un porcentaje mayor de personal recomendado que trabajadores capacitados para la investigación policial y científica. La falla principal en la persecución del delito comienza desde la noticia criminal, cuando pareciera existir una pelea entre los primeros respondientes para negarse a acudir. Así sucede principalmente con las policías municipales que por lo general son las de capacitación con mayor grado de deficiencia.
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Le siguen en orden las policías estatales de prevención y reacción y en una condición distinta, la policía investigadora, con independencia de que dependa de la Procuraduría General de la República o de las fiscalías generales en los Estados. Con frecuencia, los investigadores están acostumbrados a presentar datos de supuesta prueba, en una carpeta de investigación para un hecho criminal, únicamente basados en testigos y una historia construida pero no en datos periciales que pudieran presumir una responsabilidad. Es frecuente ver casos donde un agente de Ministerio Público presenta un caso ante un juez de control pero únicamente cuenta historias y presenta testigos, con muy deficientes elementos para llegar a los acuerdos probatorios entre las partes involucradas en un conflicto.
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En este caso, nos referimos específicamente a los muy pocos casos de hechos delictivos que alcanzan a llegar hasta un Ministerio Público porque no hay conciliación o a partir de la presunción de la gravedad de un delito. Si tomamos en cuenta que 8 de cada 10 casos ni siquiera son objeto de una denuncia formal, sino que se quedan en la queja o en la etapa del primer respondiente, por falta de cultura de la denuncia o desconfianza en las autoridades, entonces el fenómeno del incremento de la impunidad reviste un fondo mucho más grave. Las condiciones sociales bajo las que se desenvuelve el sistema penal también influyen para crear el escenario de impunidad que conocemos los potosinos. Es cierto que el nuevo sistema penal acusatorio privilegia la mínima intervención penal, pero también lo es el hecho de que en ocasiones los cuerpos de investigación no están preparados para la etapa científica del descubrimiento de la verdad, o por desconfianza algunas víctimas abandonan la denuncia.
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Basta para ver el grado de impunidad en los casos de varones que cometen actos de violencia con ventajas y acciones premeditadas, en contra de las mujeres por su condición de género. Las medidas para prevenir suelen ser la salida más fácil para tratar un asunto de esa naturaleza. Algunos jueces de control imponen brazaletes a los varones como parte de una sentencia definitiva o una medida cautelar en el proceso de investigación formalizada, pero puede ser insuficiente la localización a distancia de los infractores de la ley, si se considera la tardanza para la reparación integral del daño, la imposición de penas y medidas cautelares, y la justicia restaurativa en el proceso del cumplimiento de una sentencia definitiva.
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La violencia de género es uno de los casos más delicados de hechos delictivos que requieren decisiones de la autoridad de urgente y obvia resolución, porque gran parte de esos actos ocurren en el seno de los hogares y por lo tanto, generar una controversia legal es una acción de peligro si los jueces no imponen medidas cautelares. Con independencia de la obligación de la autoridad para probar un delito, a veces los legisladores exageran en la mínima intervención penal y tratan de matizar como delitos no graves algunos que requieren inclusive de prisión preventiva. Es cierto que es más peligroso un delincuente cuando se apropia de un cargo de administración pública, por ejemplo, pero también aquel donde se encuentra en riesgo una persona y el juez no dicta medidas de prevención.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
