Fundador:
Miguel R. Valladares García

miércoles 19 septiembre 2018

De todos…

Pulso
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Seguridad sin fondos

Doble pago

Las cuentas del gobierno federal marcan un enorme deterioro presupuestal, que prácticamente pega en todas las ramas de la actividad pública. El dinero escasea y las deudas pública y externa, aumentan progresivamente. Poco a poco, el Poder Ejecutivo inventa formas de recaudación de impuestos que hacen más eficiente la cobranza y por lo tanto, la garantía de que casi todo contribuyente cumplirá con sus obligaciones.

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Sin embargo y a pesar de que el flujo de dinero es una seguridad, la administración de los fondos federales parece perder eficiencia conforme avanzan los años de economía basada en los ingresos producto del precio del petróleo, producido, por cierto, por una empresa que a pesar de recibir dinero líquido, reporta escandalosas pérdidas en los últimos años.

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Con enormes desequilibrios en la administración de los fondos públicos, inundablemente, la poca eficiencia pega en la toma de decisiones. El gobierno federal, en los últimos años, ha presentado un Presupuesto de Egresos de la Federación que progresivamente reduce dinero o incluso anula políticas públicas, para gastar menos.

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Así sucedió por ejemplo con los fondos de prevención del delito, cuya administración era responsabilidad de un área de la Secretaría de Gobernación, que estaba a cargo de Roberto Campa Cifrián. También, la federación se inventó el Fondo de Seguridad conocido como Foseg, para “jubilar” al Subsidio para la Seguridad de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Subsemun). El Foseg llegó con un tercio menos de recursos.

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Ahora, para el caso del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública, que administra el gobierno federal pero entrega a las entidades federativas, también bajaron los recursos. Poco a poco, el gobierno federal deja de invertir en infraestructura, en tareas de fortalecimiento operativo de la seguridad e incluso, en la capacitación de los oficiales de policía. Como muestra de la baja en la inversión para capacitar policías, se encuentra el recurso necesario para instruir a los oficiales no sólo en el nuevo sistema penal acusatorio, sino en lo obligatorio de ejercer el papel de primer respondiente.

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Todavía, incluso en la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez, hay policías que se niegan a intervenir frente a una noticia criminal, por temor a apersonarse en una sala de juicio oral. Con ello, violan el principio de inmediación del nuevo sistema penal acusatorio, y rompen cadenas de custodia y el resguardo de escenas del crimen.

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Al candidato presidencial que llegue a despachar en el Palacio Nacional, le espera un trabajo que se desconoce si será irrealizable. Deberá reestructurar toda la administración pública, o exponerse al crecimiento de instituciones públicas que en la nómina son muy obesas, muy caras y progresivamente improductivas. Uno de los problemas de mayor gravedad, se encuentra en los institutos ligados a la salud de los trabajadores, donde la recaudación de pagos de derechos es puntual, pero no se traduce en servicios de calidad. La situación es peor en materia de seguridad.

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Las políticas públicas en México, en las entidades federativas y en los municipios, nunca fueron diseñadas para que la seguridad pública absorba con eficiencia las tareas pendientes de vigilancia y control del orden público. Tan es así, que los mexicanos pagamos doble la seguridad, en primer término, porque las corporaciones policiales son financiadas con los impuestos, y en segundo, porque miles de potosinos pagan seguridad privada en las calles, precisamente por ineficiencia del sector público para cumplir con la presencia suficiente.

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La falta de policías, y el creciente deseo de recabar pruebas de los delitos, ha llevado a los vecinos de colonias populares a montar su propio sistema de videovigilancia en el frente de sus casas, para inhibir la acción de los delincuentes, que por igual esperan unos minutos o largas horas, para hurtar o cometer un crimen.

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