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Resultado agridulce
Revisar todos los antros

La disminución del total de denuncias por delitos registrada en el primer trimestre de 2018 queda deslavada por el hecho de que las dos modalidades criminales más graves, el asesinato y el robo, simplemente no bajan.

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Es positivo, primero, que la incidencia delictiva sea este año más baja que la anterior, aunque debe preocupar que los números estén subiendo mes con mes.

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Pero los casos de asesinatos parecen demostrar que la violencia de las bandas delictivas está venciendo a las autoridades, que no pueden parara los asesinatos.

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Se tardaron en tomar la decisión, pero en la Dirección de Gobernación de la administración estatal por fin se atrevieron a clausurar el antro Baby-lon, que tanta molestia ha generado entre habitantes de Himalaya.

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El motivo oficial por el cual fue cerrado, que funcionaba como un centro nocturno cuando tenía una licencia de restaurante, refuerza la sospecha de que el establecimiento contó con protección oficial desde un principio.

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Sin embargo, corren versiones de que ni siquiera contaba con una licencia inadecuada, sino que carecía totalmente de ese documento. En suma, operaba en la total ilegalidad. ¿No se dio cuenta la dependencia estatal?

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Por otro lado, no sería una mala idea que, ya que la Dirección de Gobernación empezó con el Baby-lon, se siga de frente con todos los establecimientos de la zona, para verificar en qué condiciones funcionan.

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La medida serviría para descartar la existencia de otros establecimientos ilegales. No estaría mal, tampoco, que la alcaldía emprenda una acción necesaria en la esfera de sus acciones

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No hay que olvidar que en el mal recordado gobierno municipal de Victoria Labastida, se emitieron de manera indiscriminada “permisos temporales” de funcionamiento, en una acción que reforzó el monopolio de las cervecerías.

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La controversia del “perdón” legislativo a los ex funcionarios y ahora candidatos del gallardismo no gira en torno a descartar los juicios de responsabilidad exigidos por el TECA si pagan los laudos que durante muchos años se negó a saldar la alcaldía soledense.

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De pagar, la alcaldía no se paga. Esa es una obligación legal de la que no pueden escapar. Igualmente inescapable es la obligación del Congreso de someterlos al proceso sancionatorio requerido, pues en el tiempo en que el tribunal laboral lo pidió, el ayuntamiento había incurrido en una falta al negarse a pagar un laudo del cual ya no tenía escape legal posible.

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En ese sentido, los diputados debían haber iniciado los juicios, sin esperar a que el ayuntamiento saldara los adeudos con los ex trabajadores.

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Del Congreso hablan de la imposibilidad legal de sancionarlos toda vez que el ayuntamiento de Soledad estaba en vías de pagar. Sería bueno que citaran con exactitud en qué preceptos legales se basa esa afirmación, que se parece mucho a un pretexto infundado.

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Meter los procesos en la “congeladora” legislativa primero, y luego intentar desecharlos con el argumento legal lucen mucho como medidas de protección a los candidatos gallardistas. Por más que digan lo contrario.

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¡HASTA MAÑANA!