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Limbo ambiental
Capital violenta
El problema que genera el predio de Industrias Químicas de México se ha convertido, como en otras crisis ambientales en la entidad, en un agujero negro legal y de jurisdicciones que lo aleja de cualquier viso de solución.
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La semana pasada, varios depósitos de combustible abandonados fueron incendiados, generando una densa nube negra y contaminante, que generó inquietud entre los vecinos de la populosa área.
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El asunto descubrió un asunto grave: uno de los pasivos ambientales más riesgosos de la capital está en un limbo legal que impide su limpieza.
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La industria, que permanece cerrada desde hace años, parece estar en medio de un litigio que impide sacar de ahí los desechos químicos que pudieran haber quedado abandonados.
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El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es, de acuerdo a lo que señala la Profepa, la institución que tiene el proceso bajo su responsabilidad.
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Realidad o pretexto, parece que eso impide a las instituciones de protección civil y ecológicas empezar las labores de limpieza.
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El asunto está en vías de convertirse en un problema social, debido a la inconformidad vecinal, que se activó con el incendio.
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Si las autoridades quieren evitar que se agrave, necesitan activarse para encontrar la manera de remediar ese sitio de manera rápida.
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El saldo delictivo de marzo en materia de homicidios es desalentador y preocupante y, de nueva cuenta, pone a la capital en el epicentro de la violencia.
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La racha de asesinatos que se desató en todo el primer trimestre puso a San Luis Potosí muy por encima del crecimiento que experimentó el estado e incluso el país.
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Lo peor es que abril no muestra ninguna signo de mejoría, al contrario, la ola de asesinatos se ha incrementado, ahora con la particularidad de que un número preocupante de policías.
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Otro asunto, son los robos. La frecuencia de los asaltos ya desesperó a los empresarios, que en reuniones con autoridades del gabinete de seguridad están expresando sus preocupaciones y exigiendo la solución a la crisis de inseguridad que está azotando a la entidad.
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La Auditoría Superior del Estado recibió ayer en donación un paquete de software para la gestión documental. El benefactor fue el Congreso guanajuatense.
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¿Y las autoridades locales? Ni el Congreso local ni el Ejecutivo, al parecer, son tan generosos.
Capital violenta
El problema que genera el predio de Industrias Químicas de México se ha convertido, como en otras crisis ambientales en la entidad, en un agujero negro legal y de jurisdicciones que lo aleja de cualquier viso de solución.
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La semana pasada, varios depósitos de combustible abandonados fueron incendiados, generando una densa nube negra y contaminante, que generó inquietud entre los vecinos de la populosa área.
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El asunto descubrió un asunto grave: uno de los pasivos ambientales más riesgosos de la capital está en un limbo legal que impide su limpieza.
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La industria, que permanece cerrada desde hace años, parece estar en medio de un litigio que impide sacar de ahí los desechos químicos que pudieran haber quedado abandonados.
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El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es, de acuerdo a lo que señala la Profepa, la institución que tiene el proceso bajo su responsabilidad.
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Realidad o pretexto, parece que eso impide a las instituciones de protección civil y ecológicas empezar las labores de limpieza.
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El asunto está en vías de convertirse en un problema social, debido a la inconformidad vecinal, que se activó con el incendio.
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Si las autoridades quieren evitar que se agrave, necesitan activarse para encontrar la manera de remediar ese sitio de manera rápida.
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El saldo delictivo de marzo en materia de homicidios es desalentador y preocupante y, de nueva cuenta, pone a la capital en el epicentro de la violencia.
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La racha de asesinatos que se desató en todo el primer trimestre puso a San Luis Potosí muy por encima del crecimiento que experimentó el estado e incluso el país.
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Lo peor es que abril no muestra ninguna signo de mejoría, al contrario, la ola de asesinatos se ha incrementado, ahora con la particularidad de que un número preocupante de policías.
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Otro asunto, son los robos. La frecuencia de los asaltos ya desesperó a los empresarios, que en reuniones con autoridades del gabinete de seguridad están expresando sus preocupaciones y exigiendo la solución a la crisis de inseguridad que está azotando a la entidad.
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La Auditoría Superior del Estado recibió ayer en donación un paquete de software para la gestión documental. El benefactor fue el Congreso guanajuatense.
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¿Y las autoridades locales? Ni el Congreso local ni el Ejecutivo, al parecer, son tan generosos.
