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Todos inseguros
Congreso omiso
El grado de violencia delictiva que ha azotado a San Luis Potosí ha provocado que incluso los policías sean un grupo vulnerable, al grado de colocarse entre las entidades con mayor número de bajas policiacas a causa de los ataques de la delincuencia.
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Una decena de policías potosinos han sido ejecutados entre enero y abril de este año. Es la séptima entidad en la que las corporaciones han sufrido más bajas.
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El sufrimiento ha sido equitativo. Hay policías municipales, hay agentes estatales y Ministeriales, los que han enfrentado más bajas.
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Soledad de Graciano Sánchez y la capital han sido el escenario más frecuente de la violencia contra los policías, lo que es congruente con el mapa de la actividad delictiva del estado. Sólo un ataque a policías municipales de Ciudad Fernández rompió la exclusividad de los crímenes en la zona metropolitana.
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El mensaje que manda esta situación es terrible: si ni los policías están seguros, nadie está seguro en la entidad. La reacción de las autoridades para esta situación, por desgracia, es la misma que puede esperar la población civil: ninguna.
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Así, no es muy probable que el estado tenga una policía a la altura del desafío que la delincuencia ha venido presentando al estado.
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Las autoridades de Protección Civil aseguraron que el aguacero del domingo, que sumió a la zona metropolitana en el caos, estaban preparadas para la emergencia.
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Miles de automovilistas atorados en las calles debido a los cierres viales y a la absoluta falta de indicaciones sobre por dónde circular, además de decenas de personas que vieron afectadas sus propiedades y bienes al inundarse su casa, no estarían de acuerdo con esa presunta eficacia.
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No hubo tal como una autoridad que auxiliara completamente a la población afectada. Mejor, como circula un mensaje en redes sociales, unos adolescentes solidarios se pusieron a dirigir el tráfico en una zona inundada. ¿Y los agentes?
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De nuevo, la raíz del problema es estructural. Pese a las administraciones que han pasado por la alcaldía, poco o nada se ha realizado para adecuar la estructura hidráulica a las necesidades de la zona metropolitana, además de que se ha propiciado el crecimiento desordenado, que pavimenta los antiguos sitios de filtración del agua, enviándola a la mancha urbana.
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Así pues, más allá de todos los discursos autocomplacientes, la ciudad y sus habitantes siguen siendo vulnerables a las lluvias.
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El Congreso del Estado está jugando a ganar tiempo para evitar enfrentar una responsabilidad que le asignaron las autoridades electorales: sancionar al alcalde en campaña Ricardo Gallardo Juárez por la personalización de la promoción oficial. ¿Hasta cuándo van a mantener esa actirud omisa?
Congreso omiso
El grado de violencia delictiva que ha azotado a San Luis Potosí ha provocado que incluso los policías sean un grupo vulnerable, al grado de colocarse entre las entidades con mayor número de bajas policiacas a causa de los ataques de la delincuencia.
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Una decena de policías potosinos han sido ejecutados entre enero y abril de este año. Es la séptima entidad en la que las corporaciones han sufrido más bajas.
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El sufrimiento ha sido equitativo. Hay policías municipales, hay agentes estatales y Ministeriales, los que han enfrentado más bajas.
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Soledad de Graciano Sánchez y la capital han sido el escenario más frecuente de la violencia contra los policías, lo que es congruente con el mapa de la actividad delictiva del estado. Sólo un ataque a policías municipales de Ciudad Fernández rompió la exclusividad de los crímenes en la zona metropolitana.
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El mensaje que manda esta situación es terrible: si ni los policías están seguros, nadie está seguro en la entidad. La reacción de las autoridades para esta situación, por desgracia, es la misma que puede esperar la población civil: ninguna.
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Así, no es muy probable que el estado tenga una policía a la altura del desafío que la delincuencia ha venido presentando al estado.
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Las autoridades de Protección Civil aseguraron que el aguacero del domingo, que sumió a la zona metropolitana en el caos, estaban preparadas para la emergencia.
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Miles de automovilistas atorados en las calles debido a los cierres viales y a la absoluta falta de indicaciones sobre por dónde circular, además de decenas de personas que vieron afectadas sus propiedades y bienes al inundarse su casa, no estarían de acuerdo con esa presunta eficacia.
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No hubo tal como una autoridad que auxiliara completamente a la población afectada. Mejor, como circula un mensaje en redes sociales, unos adolescentes solidarios se pusieron a dirigir el tráfico en una zona inundada. ¿Y los agentes?
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De nuevo, la raíz del problema es estructural. Pese a las administraciones que han pasado por la alcaldía, poco o nada se ha realizado para adecuar la estructura hidráulica a las necesidades de la zona metropolitana, además de que se ha propiciado el crecimiento desordenado, que pavimenta los antiguos sitios de filtración del agua, enviándola a la mancha urbana.
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Así pues, más allá de todos los discursos autocomplacientes, la ciudad y sus habitantes siguen siendo vulnerables a las lluvias.
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El Congreso del Estado está jugando a ganar tiempo para evitar enfrentar una responsabilidad que le asignaron las autoridades electorales: sancionar al alcalde en campaña Ricardo Gallardo Juárez por la personalización de la promoción oficial. ¿Hasta cuándo van a mantener esa actirud omisa?
