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Publicidad invasiva
Otra injusticia

En política, lo que parece es. Y si un partido y sus candidatos son los favorecidos por una campaña, o sus adversarios son afectados por ella, es muy probable adivinar el origen de la misma.
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Un número indeterminado de potosinos recibieron ayer en sus celulares la última edición de una serie de anuncios que han sido enviados sin remitente, pero con beneficiados más que evidentes.
Empezaron en mayo, con la difusión de algunas encuestas que favorecían a los candidatos del gallardismo. Uno de esos sondeos era apócrifo, pues no aparecía en la página oficial de la casa encuestadora a la que se le atribuyó la autoría.
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Semanas después, el ataque en contra del candidato panista Xavier Nava fue difundido por la misma vía.
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Y ayer, un comunicado oficial fue el material canalizado a los celulares de los electores potosinos.
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Invariablemente, los mismos materiales fueron mencionados abiertamente tanto por el partido como por los candidatos.
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Lo más probable es que ambos nieguen cualquier relación con los mensajes. Y es evidente por qué: es publicidad invasiva, que levanta la duda sobre cómo fueron obtenidos los números telefónicos de los receptores y, seguramente, no es nada barata su contratación.
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Las autoridades electorales deberían, aunque lo más probable que no lo hagan, investigar la validez de este tipo de proselitismo invasivo. Checar en las cuentas de los partidos y, por qué no, en dependencias públicas para averiguar quién se beneficia de esto.
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Si el Nuevo Sistema de Justicia Penal tenía ya de antemano mala prensa, ayer se acrecentó esa imagen.
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El caso de Margarita Ortiz, la potosina violada en un autobús mientras viajaba a la Ciudad de México, experimentó un vuelco dramático: la condena de 111 años de edad del responsable podría invalidarse ante el fallo de un juez sobre un amparo que invalidó el proceso y ordenó reponerlo.
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No porque las evidencias en su contra fueran débiles, sino por cuestiones de procedimiento. La decisión podrá apegarse a las normas vigentes, pero seguramente enfrentará el repudio popular que verá en la decisión un apoyo al delincuente, no a la víctima.
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Habrá a esperar a que este fallo no acabe en un desastre que erosionaría aún más la confianza ciudadana en la justicia.
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Era obvio que el Congreso jamás iba a aprobar la propuesta del diputado José Luis Romero Calzada de reducir el número de días de aguinaldo que reciben los burócratas potosinos.
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Los legisladores de ninguna manera se han de enemistar con uno de los poderes reales del aparato gubernamental potosino.
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¡HASTA MAÑANA!