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Meses de sangre
Guerra de pretextos
Mayo significó un gran salto para la violencia delictiva en la entidad, imponiendo una marca de asesinatos cometidos en un mes en lo que va de las administraciones del gobernador Juan Manuel Carreras López y de los alcaldes, marcadamente, de los municipios de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, los escenarios más frecuentes de la violencia.
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Es muy probable, dado lo que se observa en las calles, que en un mes, estemos informando de que desde el inicio de estos gobiernos, sumen más de dos mil los asesinatos, en la ola más violenta de los últimos años.
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Los robos, también otra vez, siguen aumentando sin freno. Domicilios y transeúntes, de acuerdo a las listas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), son los blancos más frecuentes de los ladrones.
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Ambos incrementos opacaron la baja del 11% en la generalidad de los delitos, comparando los primeros cinco meses de 2018 con el mismo lapso del año anterior.
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La disminución es un alivio para la atribulada sociedad potosina, pero no es suficiente si las dos expresiones delictivas más perjudiciales no se pueden detener.
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El Congreso del Estado parece estar jugando con el reloj en el caso del proceso de sanción que un tribunal electoral le ordenó abrir en contra del alcalde-candidato Ricardo Gallardo Juárez por el uso indebido de la palabra gallardía en la publicidad oficial del Ayuntamiento.
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Mientras que la oposición al Partido de la Revolución Democrática urge ya a que se imponga la sanción, en el Congreso siguen defendiendo la inacción con el argumento de que la notificación no les ha llegado.
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Es una apuesta peligrosa, que calentaría la ya de por sí caldeada elección municipal. A once días de la elección, los diputados parecen apostarle a que llegue esa fecha para, si tiene que decidir, ya haya un resultado definido para los próximos tres años.
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En el inter, sin embargo, el riesgo es que el PAN eleve su insistencia en que se inicie el proceso de la sanción e involucre al Congreso en un proceso electoral.
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Las lluvias y el lamentable estado al que reducen a la zona metropolitana se metieron a las campañas.
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La oposición al gallardismo aprovechó para achacar las inundaciones a la inacción de estas administraciones, mientras que del lado amarillo, el recordatorio de que han sido las administraciones panistas y a otros rivales los responsables de las anegaciones fue la respuesta.
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Ambos lados tienen razón. La relativamente recién arreglada avenida Universidad, orgullo del gobierno gallardista, sigue convirtiéndose en lago. Y la entrega desaforada de autorizaciones para construir en la Sierra de Álvarez, lo que propicia tapar con pavimento lo que antes eran zonas de recarga, son herencia blanquiazul.
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En ese sentido, ambos bandos tienen razón: los dos son responsables del desastre del drenaje en San Luis y Soledad. Ahora bien, a la ciudadanía no le basta con acusaciones para escurrir el bulto; quiere respuestas, alternativas y soluciones.,
Y nadie parece ofrecerlas.
Guerra de pretextos
Mayo significó un gran salto para la violencia delictiva en la entidad, imponiendo una marca de asesinatos cometidos en un mes en lo que va de las administraciones del gobernador Juan Manuel Carreras López y de los alcaldes, marcadamente, de los municipios de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez, los escenarios más frecuentes de la violencia.
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Es muy probable, dado lo que se observa en las calles, que en un mes, estemos informando de que desde el inicio de estos gobiernos, sumen más de dos mil los asesinatos, en la ola más violenta de los últimos años.
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Los robos, también otra vez, siguen aumentando sin freno. Domicilios y transeúntes, de acuerdo a las listas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), son los blancos más frecuentes de los ladrones.
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Ambos incrementos opacaron la baja del 11% en la generalidad de los delitos, comparando los primeros cinco meses de 2018 con el mismo lapso del año anterior.
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La disminución es un alivio para la atribulada sociedad potosina, pero no es suficiente si las dos expresiones delictivas más perjudiciales no se pueden detener.
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El Congreso del Estado parece estar jugando con el reloj en el caso del proceso de sanción que un tribunal electoral le ordenó abrir en contra del alcalde-candidato Ricardo Gallardo Juárez por el uso indebido de la palabra gallardía en la publicidad oficial del Ayuntamiento.
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Mientras que la oposición al Partido de la Revolución Democrática urge ya a que se imponga la sanción, en el Congreso siguen defendiendo la inacción con el argumento de que la notificación no les ha llegado.
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Es una apuesta peligrosa, que calentaría la ya de por sí caldeada elección municipal. A once días de la elección, los diputados parecen apostarle a que llegue esa fecha para, si tiene que decidir, ya haya un resultado definido para los próximos tres años.
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En el inter, sin embargo, el riesgo es que el PAN eleve su insistencia en que se inicie el proceso de la sanción e involucre al Congreso en un proceso electoral.
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Las lluvias y el lamentable estado al que reducen a la zona metropolitana se metieron a las campañas.
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La oposición al gallardismo aprovechó para achacar las inundaciones a la inacción de estas administraciones, mientras que del lado amarillo, el recordatorio de que han sido las administraciones panistas y a otros rivales los responsables de las anegaciones fue la respuesta.
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Ambos lados tienen razón. La relativamente recién arreglada avenida Universidad, orgullo del gobierno gallardista, sigue convirtiéndose en lago. Y la entrega desaforada de autorizaciones para construir en la Sierra de Álvarez, lo que propicia tapar con pavimento lo que antes eran zonas de recarga, son herencia blanquiazul.
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En ese sentido, ambos bandos tienen razón: los dos son responsables del desastre del drenaje en San Luis y Soledad. Ahora bien, a la ciudadanía no le basta con acusaciones para escurrir el bulto; quiere respuestas, alternativas y soluciones.,
Y nadie parece ofrecerlas.
