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La Segam de Yvett
La Gallardía de Herodes
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Yvett Salazar Torres, parece haber perdido el piso. Acostumbrada por años a ser conocida en los medios de comunicación sólo por las noticias positivas, ahora debe enfrentar acciones que pueden resultar ilegales, tales como frenar el trabajo de defensores de derechos humanos.
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Enquistada en la nómina estatal por reparto de cargos a personas allegadas a la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, la funcionaria estatal ha mostrado resistencia a diversas acciones de protección a los derechos ciudadanos. Así ha sucedido por ejemplo con la queja de la propia funcionaria, de un supuesto hostigamiento de peticionario de información pública. Su obligación es presentar la información que se le pida en forma puntual.
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La funcionaria, poco acostumbrada a ser cuestionada porque estaba habituada a una posible protección para evitar cuestionamientos públicos, no ha entendido que si ejerce un cargo público es precisamente para hacer valer su obligación de respetar el derecho a la información. Incluso, sostenerse en su cargo ya parece tiempo de sobra si se considera que por ningún motivo debe esconder el manejo financiero y las acciones de gobierno.
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La SEGAM se transformó en el hábitat de dirigentes partidistas, que desde el sexenio estatal de Fernando Toranzo Fernández mantienen detenidos proyectos por donde quiera. La SEGAM no ha sido capaz de dar vida al proyecto del parque de ladrilleras que desde el sexenio de Manuel Barrera Guillén la dependencia no fue suficiente autoridad para hacer realidad.
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En los dos últimos sexenios, la SEGAM ha sido una dependencia estatal con programas de sanciones diseñados para proteger las alcaldías gobernadas por los Gallardo y sus secuaces. Al menos el ejemplo se encuentra en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez donde opera un basurero a cielo abierto en El Zapote, sin las medidas mínimas de seguridad sanitaria y a muy escasos metros de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, y de fraccionamientos ya habitados y aprobados bajó dos procedimientos por la alcaldía de Soledad.
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Es más, la SEGAM ni siquiera investigó o documentó para sancionar, el manejo irregular del tiradero de Peñasco en la capital potosina, que ya en el trienio de Ricardo Gallardo Juárez, se incendió cuando la empresa contratista suspendió los servicios por falta de pago, el personal municipal no lo supo manejar, y nadie respondió por el siniestro. La SEGAM dio a Ricardo Gallardo un trato de aliado político, situación que se confirmó con un pronunciamiento del dirigente estatal de ese partido Manuel Barrera Guillén, en el que se dijo gallardista.
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Personas cercanas a la lucha civilista del doctor Salvador Nava Martínez han previsto la posibilidad de que el ayuntamiento de Ricardo Gallardo Juárez deje muy graves irregularidades administrativas. El problema serio es que los órganos auditores no tienen dientes y no precisamente porque la ley no los obligue, sino porque el personal operativo a fin de cuentas es recomendado por políticos.
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Ni el trato salamero de sus más cercanos seguidores salva a Ricardo Gallardo de la obligación de cumplir con la ley. La ley no es opcional, sino de aplicación generalizada, y no es posible recortar artículos de la Constitución federal para agregar los propios, a la usanza del Licenciado Vargas, en la cinta cinematográfica “La Ley de Herodes”.
¡¡HASTA MAÑANA!!
La Gallardía de Herodes
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Yvett Salazar Torres, parece haber perdido el piso. Acostumbrada por años a ser conocida en los medios de comunicación sólo por las noticias positivas, ahora debe enfrentar acciones que pueden resultar ilegales, tales como frenar el trabajo de defensores de derechos humanos.
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Enquistada en la nómina estatal por reparto de cargos a personas allegadas a la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, la funcionaria estatal ha mostrado resistencia a diversas acciones de protección a los derechos ciudadanos. Así ha sucedido por ejemplo con la queja de la propia funcionaria, de un supuesto hostigamiento de peticionario de información pública. Su obligación es presentar la información que se le pida en forma puntual.
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La funcionaria, poco acostumbrada a ser cuestionada porque estaba habituada a una posible protección para evitar cuestionamientos públicos, no ha entendido que si ejerce un cargo público es precisamente para hacer valer su obligación de respetar el derecho a la información. Incluso, sostenerse en su cargo ya parece tiempo de sobra si se considera que por ningún motivo debe esconder el manejo financiero y las acciones de gobierno.
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La SEGAM se transformó en el hábitat de dirigentes partidistas, que desde el sexenio estatal de Fernando Toranzo Fernández mantienen detenidos proyectos por donde quiera. La SEGAM no ha sido capaz de dar vida al proyecto del parque de ladrilleras que desde el sexenio de Manuel Barrera Guillén la dependencia no fue suficiente autoridad para hacer realidad.
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En los dos últimos sexenios, la SEGAM ha sido una dependencia estatal con programas de sanciones diseñados para proteger las alcaldías gobernadas por los Gallardo y sus secuaces. Al menos el ejemplo se encuentra en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez donde opera un basurero a cielo abierto en El Zapote, sin las medidas mínimas de seguridad sanitaria y a muy escasos metros de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, y de fraccionamientos ya habitados y aprobados bajó dos procedimientos por la alcaldía de Soledad.
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Es más, la SEGAM ni siquiera investigó o documentó para sancionar, el manejo irregular del tiradero de Peñasco en la capital potosina, que ya en el trienio de Ricardo Gallardo Juárez, se incendió cuando la empresa contratista suspendió los servicios por falta de pago, el personal municipal no lo supo manejar, y nadie respondió por el siniestro. La SEGAM dio a Ricardo Gallardo un trato de aliado político, situación que se confirmó con un pronunciamiento del dirigente estatal de ese partido Manuel Barrera Guillén, en el que se dijo gallardista.
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Personas cercanas a la lucha civilista del doctor Salvador Nava Martínez han previsto la posibilidad de que el ayuntamiento de Ricardo Gallardo Juárez deje muy graves irregularidades administrativas. El problema serio es que los órganos auditores no tienen dientes y no precisamente porque la ley no los obligue, sino porque el personal operativo a fin de cuentas es recomendado por políticos.
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Ni el trato salamero de sus más cercanos seguidores salva a Ricardo Gallardo de la obligación de cumplir con la ley. La ley no es opcional, sino de aplicación generalizada, y no es posible recortar artículos de la Constitución federal para agregar los propios, a la usanza del Licenciado Vargas, en la cinta cinematográfica “La Ley de Herodes”.
¡¡HASTA MAÑANA!!
