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Fracking y sobornos Pretexto millonario
De la negativa total a que haya intención de autorizar el fracking en la Huasteca sur, a la denuncia de que empresas involucradas en el negocio han ofrecido sobornos a alcaldes de la zona.
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Hace unos días, en este espacio se cuestionó si empresas, que no dependencias públicas, estaban interesadas en llevar el fracking a esa área del estado, mencionando el caso de Shulemberger Offshore, empresa que envió cartas a alcaldes para pedir una “anuencia” para una acción no suficientemente explicada, pero relacionada con el manejo de explosivos especiales usados en el fracking y empresas dedicadas a esa actividad.
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El edil de Tanlajás, Domingo Rodríguez Martell, denuncia que la empresa presionó primero, y luego ofreció sobornos para obtener la anuencia.
Ya se aclaró que ni Pemex ni la Secretaría de Energía quieren hacer fracking. Urge que se haga lo mismo con las empresas.
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Los diputados locales no pueden culpar a la ciudadanía de desconfiar de cada palabra que profieran. Se han ganado con creces que todas sus palabras sean tomadas con sospecha.
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A semanas de que ésta Legislatura termine, el destino de al menos 8.2 millones de pesos de la controvertida partida de Gestoría Institucional, o Servicios Asistenciales, como aparece en el presupuesto legislativo.
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De la partida anual, de diez millones de pesos, se destinarían dos millones de pesos, uno a la Cruz Roja y otro a Bomberos.
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Del resto, los diputados han dicho en el discurso que los devolverán al presupuesto estatal, pero en la acción, reflejan que no quieren dejarlos ir.
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Esto lo refleja el señalamiento surgido ayer en el sentido de que la Secretaría de Finanzas recomendó no devolverlos aún, para esperar el resultado del incremento salarial de los burócratas.
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Es decir, que acabarían en la nómina legislativa. No para los diputados, sino para los trabajadores.
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¿Ocho millones de pesos para un incremento salarial? Cuánta generosidad. Por cierto, ¿qué no se anunció que una parte del presupuesto de este año ya estaba reservado para, precisamente eso?
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Eso se pensaría, de acuerdo al boletín del Congreso estatal del 14 de diciembre de 2017, en referencia a las declaraciones del diputado priista Fernando Chávez, señalaba que el diputado “precisó que para el ejercicio fiscal 2018 se tendrá como prioridad aplicar una disciplina fiscal y el manejo responsable de los recursos; incluso, en los Poderes Ejecutivo y Legislativo se tiene descartados aumentos a salarios de funcionarios de primer nivel, únicamente se contempla el incremento del 3.0 por ciento para los trabajadores de base y de acuerdo al índice inflacionario que se estima se tendrá el próximo año.”
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Que las empresas proveedoras de garrafones y tortillas para los programas de apoyo asistencialista de los ayuntamientos perredistas no deberán preocuparse mucho de perder a sus principales clientes luego de la estrepitosa derrota del 1 de julio.
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Y es que la orden de quienes dominan esa corriente es que en los ayuntamientos ganados o mantenidos por el perredismo es que repliquen los programas… con los mismos proveedores. La casa, pese a la derrota electoral, sigue ganando.
De la negativa total a que haya intención de autorizar el fracking en la Huasteca sur, a la denuncia de que empresas involucradas en el negocio han ofrecido sobornos a alcaldes de la zona.
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Hace unos días, en este espacio se cuestionó si empresas, que no dependencias públicas, estaban interesadas en llevar el fracking a esa área del estado, mencionando el caso de Shulemberger Offshore, empresa que envió cartas a alcaldes para pedir una “anuencia” para una acción no suficientemente explicada, pero relacionada con el manejo de explosivos especiales usados en el fracking y empresas dedicadas a esa actividad.
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El edil de Tanlajás, Domingo Rodríguez Martell, denuncia que la empresa presionó primero, y luego ofreció sobornos para obtener la anuencia.
Ya se aclaró que ni Pemex ni la Secretaría de Energía quieren hacer fracking. Urge que se haga lo mismo con las empresas.
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Los diputados locales no pueden culpar a la ciudadanía de desconfiar de cada palabra que profieran. Se han ganado con creces que todas sus palabras sean tomadas con sospecha.
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A semanas de que ésta Legislatura termine, el destino de al menos 8.2 millones de pesos de la controvertida partida de Gestoría Institucional, o Servicios Asistenciales, como aparece en el presupuesto legislativo.
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De la partida anual, de diez millones de pesos, se destinarían dos millones de pesos, uno a la Cruz Roja y otro a Bomberos.
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Del resto, los diputados han dicho en el discurso que los devolverán al presupuesto estatal, pero en la acción, reflejan que no quieren dejarlos ir.
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Esto lo refleja el señalamiento surgido ayer en el sentido de que la Secretaría de Finanzas recomendó no devolverlos aún, para esperar el resultado del incremento salarial de los burócratas.
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Es decir, que acabarían en la nómina legislativa. No para los diputados, sino para los trabajadores.
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¿Ocho millones de pesos para un incremento salarial? Cuánta generosidad. Por cierto, ¿qué no se anunció que una parte del presupuesto de este año ya estaba reservado para, precisamente eso?
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Eso se pensaría, de acuerdo al boletín del Congreso estatal del 14 de diciembre de 2017, en referencia a las declaraciones del diputado priista Fernando Chávez, señalaba que el diputado “precisó que para el ejercicio fiscal 2018 se tendrá como prioridad aplicar una disciplina fiscal y el manejo responsable de los recursos; incluso, en los Poderes Ejecutivo y Legislativo se tiene descartados aumentos a salarios de funcionarios de primer nivel, únicamente se contempla el incremento del 3.0 por ciento para los trabajadores de base y de acuerdo al índice inflacionario que se estima se tendrá el próximo año.”
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Que las empresas proveedoras de garrafones y tortillas para los programas de apoyo asistencialista de los ayuntamientos perredistas no deberán preocuparse mucho de perder a sus principales clientes luego de la estrepitosa derrota del 1 de julio.
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Y es que la orden de quienes dominan esa corriente es que en los ayuntamientos ganados o mantenidos por el perredismo es que repliquen los programas… con los mismos proveedores. La casa, pese a la derrota electoral, sigue ganando.
