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La prisa por irse
Aquos informal
Los diputados locales tienen prisa por irse. Poco a poco toman decisiones administrativas con las que pretenden finiquitar los compromisos financieros que el Poder Legislativo tiene con ellos, y así ir retirando el dinero que les corresponde de sus sueldos y las prestaciones que ellos mismos acordaron pagarse, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.
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Uno de esos beneficios es precisamente el aguinaldo del que ellos cobrarán los primeros ocho meses y 13 días, y los otros tres meses más 16 días del año serán pagados a los diputados de la nueva Legislatura, de los cuales sólo repite uno el cargo. Sin embargo, pedir los recursos forma parte de una estrategia para cobrarse todo aquello que a decir del dictamen de aprobación les corresponde como pago.
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La mayor parte de los diputados no volverán a tener cargo público y es probable que pidan hasta el último centavo de su liquidación, como parte de un paso previo a retirarse a su vida privada. Algunos de ellos incluso ya han dicho públicamente que pretenden regresar a sus negocios o a realizar sus actividades normales previas al nombramiento del cargo de diputado.
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Aquellos que se vayan a sus actividades fuera de servicio, probablemente sean los más afortunados y no precisamente por los ingresos, sino porque por fin saldrán del círculo vicioso en el que se han visto envueltos con múltiples escándalos. El problema para ellos es que difícilmente regresaron a un cargo si precisamente lo que perdieron fue la credibilidad.
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Sin embargo, en política todo puede suceder y no será de extrañarse que alguno de los candidatos a cargos de elección popular que ganaron la elección para la Sexagesima Primera Legislatura aparezcan en algún lugar de la administración pública desempeñando trabajo de servicio público, ya sea en cargos sindicalizados o de confianza.
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Por otra parte y a propósito de irregularidades en la administración pública, será necesario un análisis de las causas de la falta de agua en las zonas consideradas para el servicio de abastecimiento de la presa El Realito. En ninguna de las partes del proceso de sustitución de agua subterránea con la proveniente de ese embalse, hay especificaciones que pidieron el desmantelamiento de los equipos de bombeo.
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El segundo accidente con el acueducto (el primero ocurrió el 26 de junio de 2017), dejó en evidencia una tremenda desorganización que incluye la irresponsabilidad de mantener en operación constante o listos para trabajar los equipos de bombeo de los pozos inhabilitados. El acueducto estalló, se quedó sin servicio y no hubo reacción rápida, provocando la falta de agua que a su vez creó un conflicto social que pudo haber sido de una magnitud inimaginable.
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Es cierto que la Comisión Estatal del Agua anunció una auditoría a la empresa Aquos-Realito para verificar en sus procedimientos, las causas por las que esa compañía operadora carece de materiales para reparar de inmediato los problemas e incluso la calidad de los materiales, pero quizá es auditoría debería hacerse extensiva a los procesos organizacionales en entes públicos, que obligan a verificar los problemas de toma de decisiones para mantener funcionando los equipos.
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Con independencia de ello, un organismo auditor deberá determinar si es necesario auditar la calidad de los materiales de todo el acueducto, al menos para cotejar que efectivamente se encuentren funcionando y retomar la revisión a toda la obra para registrar datos, tales como la posibilidad de reconstruir algunas etapas del acueducto y sustituir materiales en algunos casos.
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En caso de que así resulte, entonces se sabrá que la construcción del acueducto El Realito se encuentra concluida con materiales de calidad deficiente. Por lo menos ahora, ya han sucedido dos accidentes relacionados con el estallido de algún tubo en la línea de conducción del agua proveniente de la presa, y hasta las tres plantas de rebombeo hasta el tanque de cambio de régimen y posteriormente, desde éste hasta la planta potabilizadora.
Aquos informal
Los diputados locales tienen prisa por irse. Poco a poco toman decisiones administrativas con las que pretenden finiquitar los compromisos financieros que el Poder Legislativo tiene con ellos, y así ir retirando el dinero que les corresponde de sus sueldos y las prestaciones que ellos mismos acordaron pagarse, en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.
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Uno de esos beneficios es precisamente el aguinaldo del que ellos cobrarán los primeros ocho meses y 13 días, y los otros tres meses más 16 días del año serán pagados a los diputados de la nueva Legislatura, de los cuales sólo repite uno el cargo. Sin embargo, pedir los recursos forma parte de una estrategia para cobrarse todo aquello que a decir del dictamen de aprobación les corresponde como pago.
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La mayor parte de los diputados no volverán a tener cargo público y es probable que pidan hasta el último centavo de su liquidación, como parte de un paso previo a retirarse a su vida privada. Algunos de ellos incluso ya han dicho públicamente que pretenden regresar a sus negocios o a realizar sus actividades normales previas al nombramiento del cargo de diputado.
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Aquellos que se vayan a sus actividades fuera de servicio, probablemente sean los más afortunados y no precisamente por los ingresos, sino porque por fin saldrán del círculo vicioso en el que se han visto envueltos con múltiples escándalos. El problema para ellos es que difícilmente regresaron a un cargo si precisamente lo que perdieron fue la credibilidad.
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Sin embargo, en política todo puede suceder y no será de extrañarse que alguno de los candidatos a cargos de elección popular que ganaron la elección para la Sexagesima Primera Legislatura aparezcan en algún lugar de la administración pública desempeñando trabajo de servicio público, ya sea en cargos sindicalizados o de confianza.
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Por otra parte y a propósito de irregularidades en la administración pública, será necesario un análisis de las causas de la falta de agua en las zonas consideradas para el servicio de abastecimiento de la presa El Realito. En ninguna de las partes del proceso de sustitución de agua subterránea con la proveniente de ese embalse, hay especificaciones que pidieron el desmantelamiento de los equipos de bombeo.
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El segundo accidente con el acueducto (el primero ocurrió el 26 de junio de 2017), dejó en evidencia una tremenda desorganización que incluye la irresponsabilidad de mantener en operación constante o listos para trabajar los equipos de bombeo de los pozos inhabilitados. El acueducto estalló, se quedó sin servicio y no hubo reacción rápida, provocando la falta de agua que a su vez creó un conflicto social que pudo haber sido de una magnitud inimaginable.
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Es cierto que la Comisión Estatal del Agua anunció una auditoría a la empresa Aquos-Realito para verificar en sus procedimientos, las causas por las que esa compañía operadora carece de materiales para reparar de inmediato los problemas e incluso la calidad de los materiales, pero quizá es auditoría debería hacerse extensiva a los procesos organizacionales en entes públicos, que obligan a verificar los problemas de toma de decisiones para mantener funcionando los equipos.
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Con independencia de ello, un organismo auditor deberá determinar si es necesario auditar la calidad de los materiales de todo el acueducto, al menos para cotejar que efectivamente se encuentren funcionando y retomar la revisión a toda la obra para registrar datos, tales como la posibilidad de reconstruir algunas etapas del acueducto y sustituir materiales en algunos casos.
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En caso de que así resulte, entonces se sabrá que la construcción del acueducto El Realito se encuentra concluida con materiales de calidad deficiente. Por lo menos ahora, ya han sucedido dos accidentes relacionados con el estallido de algún tubo en la línea de conducción del agua proveniente de la presa, y hasta las tres plantas de rebombeo hasta el tanque de cambio de régimen y posteriormente, desde éste hasta la planta potabilizadora.
