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Riesgo sindical Feria opaca
El debate sobre la sindicalización de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado está abierto desde hace años, gracias que diversas administraciones anteriores lo permitieron.
Ahora se complica por las posturas encontradas entre el Ejecutivo y el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras al Servicio del Gobierno del Estado (SITTGE), que discuten sobre si los agremiados son o no elementos operativos.
El gobierno estatal admite unos 440 empleados, presuntamente no operativo, pero hay otros mil 500 que buscan entrara a las filas de los sindicatos.
Con ellos, serían mil 990 trabajadores. Según el Inegi, hay tres mil 250 empleados. Es decir, el 60% estaría agremiado, dejando apenas a mil 260 elementos para labores operativas de seguridad pública.
Claramente, una cifra insuficiente. De hecho, si no hubiese sindicalizados, ya lo era.
Ante este panorama, resulta insensato insistir en que haya más personal sindicalizado, cuyos derechos constituyan un riesgo para la seguridad de la entidad.
No se trata de un caso de justicia laboral. Esto va más allá de eso. Los sindicatos estatales deberán ver más allá de sus intereses y enfocarse a lo que el estado le conviene.
Sacudido por un escándalo de corrupción ocurrido en la edición 2017, que se resolvió mágicamente cuando el denunciante desmintió las pruebas que él mismo presentó, el patronato de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) quedó tocado en su credibilidad.
El gobierno del estado reaccionó renovando totalmente el patronato, sacando a los malos elementos, pero sacrificando con ellos a los buenos que había.
Al presentar al nuevo patronato, una de las promesas que hizo el Ejecutivo fue el de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero a la fecha, esto sólo se ha cumplido, según la conveniencia de las autoridades.
El domingo, el gobierno estatal emitió un comunicado sobre la presentación de resultados de la Fenapo, evento que nos e hizo público. La única información fue un triunfalista comunicado con sólo una cifra, el de número de visitantes: un millón 150 mil.
Y nada más. De los ingresos, egresos, pagos de contratos y fiscalización de cuentas, no se mencionó nada, al menos en el comunicado. Se trata de la información más relevante, precisamente la que ocultó el pasado patronato y que, a al parecer, sigue siendo así en este.
Un sector del gremio transportista inició ya una campaña buscando elevar la tarifa del servicio del transporte urbano más allá de los límites legales.
El argumento es el usual: el sector trabaja debajo de sus posibilidades por los bajos ingresos. Y ahora sacan como hecho atemorizador que tienen que contratar a choferes inexpertos porque los que tienen mayor práctica se van a las empresas de transporte de personal.
El motivo, esgrime, es que no pueden competir en sueldos y prestaciones con esas empresas. El propósito del argumento es, obviamente, generar motivos para autorizar un incremento.
Pero los camioneros se equivocan al pensar que el incremento de la tarifa, que al final afecta a los usuarios, sea su tabla de salvación.
Son empresarios y como tal, deben comprender lo que es la competencia. Y adicionalmente, si la queja recurrente es que el autotransporte ya no es negocio, ¿por qué llevan años dedicándose a él? La respuesta es fácil: porque si lo es.
