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Austeridad simulada Finanzas, y el pago del agua
Ya envejeció el discurso propuesto por el partido que llevó al poder al gobierno federal entrante, y a las mayorías legislativas tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y algunos congresos locales. Candidatos a todos los cargos de elección popular por el partido mayoritario o la alianza partidaria, prometieron los niveles de austeridad que los ciudadanos mexicanos no han visto en décadas.
Por supuesto, la idea se quedó nada más que buenas intenciones. El primer mal ejemplo ocurrió en la Cámara de Diputados, cuando los propios legisladores federales en San Lázaro, omitieron bajarse el sueldo, como originalmente lo prometieron en campaña. Ni siquiera el Senado de la República hizo lo propio y mantienen sus muy altos ingresos que según el gobierno electo, no superan el sueldo del presidente de México.
La austeridad también incluye la baja en la cantidad de asesores para el Poder Legislativo y sin embargo y aunque fueron despedidos aquellos que la mayoría legislativa consideró sobrantes, en los congresos locales no cunde el mismo ejemplo, y la saturación de personal es cosa común. Abundan los personajes de asistencia y los asesores. Sin embargo y a diferencia de instituciones donde toman las decisiones con inteligencia, en el Poder Legislativo no importa si los presuntos asesores no saben hacer nada. Basta con una recomendación de un diputado o líder partidista para negociar con los restantes el ingreso de ese nuevo empleado y que entonces, pueda disfrutar de la nómina.
Pocos suelen detenerse a meditar sobre las cuentas del dinero que es posible manejar para desarrollar todas las tareas legislativas, pero si el gasto no es medido, llegará un punto en el que los propios legisladores se habrán acabado la gallina de los huevos de oro, al inscribir en la nómina carísimos especialistas en aparecer en las listas, ignorantes y de muy escaso rendimiento, frecuentemente conflictivos y en repetidas ocasiones también los responsables de detener el trabajo legislativo.
Precisamente, uno de los grandes males de la planeación es la inclusión de personas que únicamente causan gastos al gobierno, y no permiten desahogar actividades porque el dinero se va en pagarles mientras que ellos no producen. Es raro encontrar diputados que sienten a su lado a un asesor que vale la pena por sus conocimientos, experiencia y capacidad de reacción, negociación y estudio de los asuntos. La mayor parte sólo viven en la nómina y no ayudan a desahogar los pendientes del Poder Legislativo.
Es más, con mucha frecuencia toman decisiones con mayor peso político que técnico, y se guían por la ira y la ignorancia combinadas, para votar asuntos de vital importancia social. Claro está que los diputados locales no forman parte de los grandes deudores del agua potable, pero nada les cuesta generar las condiciones de represupuestación estatal, para que el titular de la Secretaría de Finanzas realice los cálculos necesarios para apoyar a las instituciones públicas que por insuficiencia presupuestal no pagan el servicio de agua potable, con independencia de las prácticas de literal robo de agua que los gobiernos gallardistas de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez protagonizaron, para crear tan sólo por ellos un boquete de financiero de casi cuarenta millones de pesos.
¡HASTA MAÑANA!
Ya envejeció el discurso propuesto por el partido que llevó al poder al gobierno federal entrante, y a las mayorías legislativas tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores y algunos congresos locales. Candidatos a todos los cargos de elección popular por el partido mayoritario o la alianza partidaria, prometieron los niveles de austeridad que los ciudadanos mexicanos no han visto en décadas.
Por supuesto, la idea se quedó nada más que buenas intenciones. El primer mal ejemplo ocurrió en la Cámara de Diputados, cuando los propios legisladores federales en San Lázaro, omitieron bajarse el sueldo, como originalmente lo prometieron en campaña. Ni siquiera el Senado de la República hizo lo propio y mantienen sus muy altos ingresos que según el gobierno electo, no superan el sueldo del presidente de México.
La austeridad también incluye la baja en la cantidad de asesores para el Poder Legislativo y sin embargo y aunque fueron despedidos aquellos que la mayoría legislativa consideró sobrantes, en los congresos locales no cunde el mismo ejemplo, y la saturación de personal es cosa común. Abundan los personajes de asistencia y los asesores. Sin embargo y a diferencia de instituciones donde toman las decisiones con inteligencia, en el Poder Legislativo no importa si los presuntos asesores no saben hacer nada. Basta con una recomendación de un diputado o líder partidista para negociar con los restantes el ingreso de ese nuevo empleado y que entonces, pueda disfrutar de la nómina.
Pocos suelen detenerse a meditar sobre las cuentas del dinero que es posible manejar para desarrollar todas las tareas legislativas, pero si el gasto no es medido, llegará un punto en el que los propios legisladores se habrán acabado la gallina de los huevos de oro, al inscribir en la nómina carísimos especialistas en aparecer en las listas, ignorantes y de muy escaso rendimiento, frecuentemente conflictivos y en repetidas ocasiones también los responsables de detener el trabajo legislativo.
Precisamente, uno de los grandes males de la planeación es la inclusión de personas que únicamente causan gastos al gobierno, y no permiten desahogar actividades porque el dinero se va en pagarles mientras que ellos no producen. Es raro encontrar diputados que sienten a su lado a un asesor que vale la pena por sus conocimientos, experiencia y capacidad de reacción, negociación y estudio de los asuntos. La mayor parte sólo viven en la nómina y no ayudan a desahogar los pendientes del Poder Legislativo.
Es más, con mucha frecuencia toman decisiones con mayor peso político que técnico, y se guían por la ira y la ignorancia combinadas, para votar asuntos de vital importancia social. Claro está que los diputados locales no forman parte de los grandes deudores del agua potable, pero nada les cuesta generar las condiciones de represupuestación estatal, para que el titular de la Secretaría de Finanzas realice los cálculos necesarios para apoyar a las instituciones públicas que por insuficiencia presupuestal no pagan el servicio de agua potable, con independencia de las prácticas de literal robo de agua que los gobiernos gallardistas de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez protagonizaron, para crear tan sólo por ellos un boquete de financiero de casi cuarenta millones de pesos.
¡HASTA MAÑANA!
